La gestión de las denuncias por presunto acoso sexual contra Francisco Salazar, exasesor y hombre cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detonado la mayor crisis interna del PSOE en años. Lo que comenzó como dos denuncias internas sin respuesta ha derivado en una revuelta de federaciones, críticas de referentes feministas y una ola de indignación que atraviesa al partido de arriba abajo. El presidente ha admitido un "error en la velocidad" y "falta de reacción", pero descarta que el partido lleve el caso a la Fiscalía, alegando que corresponde a las denunciantes dar ese paso.
El escándalo ha marcado los actos por el 47º aniversario de la Constitución, donde Sánchez, por primera vez públicamente, asumió su responsabilidad: "Yo asumo el error en primera persona". Sin embargo, insistió en que no hubo intención de encubrimiento, defendió el protocolo antiacoso del partido y aseguró que si las víctimas deciden acudir a la justicia contarán con "apoyo y ayuda".
Pero el malestar crece. Sectores feministas del partido, con Adriana Lastra y Andrea Fernández entre las voces más firmes, exigen que el expediente se traslade a Fiscalía. La situación preocupa especialmente porque golpea el discurso histórico del PSOE como referente en la defensa de los derechos de las mujeres. "Las cosas no se han hecho bien", admitió también María Jesús Montero, una de las dirigentes más señaladas por su conocimiento previo de denuncias internas, junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fotografiada recientemente comiendo con Salazar cuando el caso ya era conocido.
La tensión es palpable en chats internos y estructuras territoriales, donde cargos avisan del desgaste electoral. "Esto nos destroza", resume un dirigente socialista. Incluso sectores "sanchistas" han mostrado cansancio con la gestión del caso y piden una resolución rápida y reparación institucional. Se teme un golpe al voto femenino en pleno ciclo electoral, con especial preocupación en federaciones como Andalucía, Asturias y Galicia, donde se organizan críticas coordinadas.
Mientras tanto, el presidente intenta contener la crisis. Defiende que el partido actuó con contundencia al apartar a Salazar en julio y atribuye la tardanza en contactar con las denunciantes a falta de personal en la Oficina contra el Acoso. Sin embargo, las víctimas esperaron cinco meses sin respuesta y las denuncias desaparecieron del sistema interno, justificadas por Ferraz como un "fallo informático", versión que varias federaciones ya no aceptan.
El expediente continúa abierto y la presión para que el PSOE lleve el caso a Fiscalía no cesa. La dirección del partido sostiene que debe completarse el procedimiento interno sin interferencias, aunque crece el temor a que una resolución lenta profundice el daño político.
El caso Salazar no solo cuestiona la gestión interna, sino la credibilidad feminista del partido, la cohesión de su dirección y la estabilidad política de un Gobierno que enfrenta múltiples frentes judiciales y electorales. Las próximas decisiones marcarán si la crisis se cierra con reformas internas o deriva en un conflicto mayor que reorganice el poder en Ferraz.
