En estos momentos estamos viviendo el caos de una regularización de inmigrantes masiva y mal planteada, según el gobierno por necesidad demográfica e integración fiscal y laboral, lo que en principio puede parecer una buena idea, siempre que se haga con cabeza.
Se calcula que cerca de medio millón de irregulares se van a beneficiar. Se estima que esta cifra se puede convertir en dos millones, en gran medida por la vía del llamado “arraigo familiar”, lo que va a resultar negativo para las cuentas públicas y nuestro insostenible sistema de pensiones. Afirmo esto por dos motivos, el primero porque muchos no vienen a contribuir sino a vivir de unas ayudas que se otorgan con gran laxitud (lo cual anula en gran medida el impacto positivo de los que pagan impuestos y cotizan) y segundo, porque el colectivo de más de 55 años no para de crecer.
Casualmente en 2025 este grupo ha aumentado exponencialmente (+10,000%), de manera que son 56.000 los de más de 55 años que han obtenido el permiso de residencia. Hay que ser muy ingenuo para pensar que estas personas, dada su edad, vienen a trabajar y contribuir a la sociedad española, su objetivo son las ayudas y las pensiones no contributivas.
50.000 pensiones no contributivas adicionales representan otros 450 millones de euros de déficit anual para el sistema de pensiones. Lógicamente, si nada cambia, nos vamos a encontrar con muchos cientos de miles de inmigrantes de más de 55 años llegando a España en los próximos años, lo que va a disparar el déficit de las pensiones en varios miles de millones al año. Dado que el déficit anual es de unos 70.000 millones, añadirle varios miles de millones al año por la vía de las pensiones no contributivas otorgadas a inmigrantes cuya aportación al sistema va a ser nula o ínfima es poner una carga de profundidad en el sistema. Esto es además profundamente injusto para aquellos ciudadanos, españoles y extranjeros, que trabajan y cotizan desde hace años. No solo esto, nuestra sanidad va a empeorar muy notablemente.
La sociedad española tiene que entender que la riqueza no cae del cielo, hay que generarla con trabajo, ahorro e inversión. Dado el agujero gigantesco de nuestro sistema de pensiones, no nos podemos permitir un coladero de cientos de miles de inmigrantes de más de 55 años cuyo principal objetivo es parasitar nuestro estado del bienestar.
Urge poner coto a este mal condicionando la residencia, y también la ciudadanía, a una contribución determinada a la sociedad española en términos de trabajo, impuestos y cotizaciones. No solo esto es lo justo para los que contribuyen con su esfuerzo a sostener el país y el estado del bienestar, es también imperativo para evitar el hundimiento definitivo de la solvencia del estado español (*). Si no ponemos coto a estos abusos lo pagaremos con recortes en los servicios públicos y las propias pensiones, y también con más inflación, el impuesto a los pobres.
(*) no solo hay que fijarse en el ratio Deuda/PIB sino también en el ratio Superávit primario/Intereses de la deuda. El estado español paga el 90% de los intereses con más deuda, señal de su insostenible situación financiera mientras que Alemania paga el 100% de los intereses con recursos propios.