Cualquier observador podría pensar que estamos a un paso de elecciones generales ya que los dos principales partidos han lanzado estos días diversas ideas para atajar el grave problema de la vivienda.
Por parte del PP, madrugador esta vez, se aboga por incrementar la oferta, con medidas, entre otras, como proteger algo más al arrendador aunque no lo suficiente y facilitar la puesta a disposición de terreno para construir. El punto de partida es acertado, pero se queda corto, ya que también se proponen medidas que incentivan la demanda a corto como deducciones fiscales o rebaja al 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicable a la vivienda de segunda mano adquirida por jóvenes en las 12 regiones donde gobiernan. Como es sabido, este impuesto cedido a las Comunidades Autónomas grava a un tipo del 6% en Madrid, el más bajo, mientras que en el infierno fiscal catalán llega al 11%.
El PSOE aboga por más intervencionismo y la creación de una empresa de vivienda pública a donde traspasará inmuebles ya existentes en Sareb. Es decir un plan de vivienda sin viviendas. Sin embargo, de las 183 mil públicas que se anunciaron hace dos años, no se han visto ni los terrenos. Además carecerá de apoyos parlamentarios por parte de la extrema izquierda con quien gobierna por parecerle poco radical y por parte de la derecha nacionalista por considerarlo intervencionista. Parece más bien que se pretende tapar la dificultad, casi imposibilidad de gobernar con rumbo claro sin ganar unas elecciones y tener imputados a esposa, hermano, ministro y fiscal general del Estado por diferentes motivos. Qué razón tenía Albert Rivera cuando se refería a la banda de Sánchez. Poco se puede uno fiar ya que la realidad de la política de vivienda del gobierno Sánchez es la siguiente:
- Haber conseguido la retirada del mercado de miles de viviendas y por consiguiente las dificultades para alquilar debido a la inseguridad jurídica por cambios continuos de normativa, congelación de rentas durante varios años, protección de okupas e inquiokupas con el desamparo del arrendador y criminalización de empresas.
- Curiosamente su creencia particular en la vivienda pública se limita a, de acuerdo a un reciente conseguidor confeso, pagar el apartamento a la querida de un ministro y proporcionar a otro el uso para disfrute de señoritas varias. El primero ya está imputado, al segundo, posiblemente le quede poco. Es curioso que esta vez, de momento, solo aparezcan luces de neón, ya que el PSOE se distingue de los demás partidos en que su corrupción suele venir envuelta también con el añadido de sustancias prohibidas y crustáceos, como señalan diversas sentencias se hacía con el dinero de los parados en Andalucía.
- Por otra parte cree en la vivienda privada en ciertos casos, ya que ha evitado que ocupen habitaciones con barrotes a cargo del Estado y se queden en sus casas a indultados, amnistiados o revocando condenas un afín Tribunal Constitucional a sentenciados como delincuentes por tribunales ordinarios, no solo para obtener apoyos parlamentarios, sino a propios militantes e incluso dos ex-presidentes de Comunidad Autónoma. Es lo que tiene el Derecho Penal como traje a medida.
Por último, cabe señalar que si hay un problema de oferta, el sentido común indica que deben ponerse condiciones para que se construyan casas donde se requieran y para que los propietarios saquen las suyas al mercado. Y las dos necesitan del suficiente grado de seguridad jurídica y colaboración público privada.
