Decía San Agustín que los reinos de la tierra, cuando obran sin apego a la justicia, no son más que bandas de ladrones. Y que éstas, fin de cuentas, son también pequeños reinos.
Crimen y política pueden llegar a parecerse mucho, demasiado, cuando los políticos obran para sí y no para el bien común. Tanto en la política como en el crimen hay voluntad de poder, asociación, organización, trabajo colectivo, pactos y códigos de comportamiento, uso potencial de la fuerza, e interés en la multiplicación de la riqueza. Pero mientras la política ha de procurar la justicia, el crimen actúa únicamente en función del beneficio particular, sin acatar la ley común ni reparar en el daño ajeno.
Hay casos, no obstante, en los que los políticos son tan patéticos y el crimen es tan organizado que éste termina copando el ámbito de aquellos. Ya puestos a controlarlo todo, termina pasando que a los criminales más exitosos se les va la mano: como nadie los detiene, se la echan también al Estado. Saben que muchos se corrompen; le pagan a cada cual su precio; la lían de lo lindo; terminan todos embarrados, y a ver entonces quién y cuándo los saca del sarao.
Palabras más, palabras menos, esto es lo que viene pasando en Venezuela en todo lo que va de siglo. Con el agravante de que entre los criminales devenidos en políticos hubo desde un principio militares golpistas, revolucionarios ultramontanos, agentes castristas e intelectuales febriles que querían tomar el cielo por asalto. Cóctel explosivo de indudable éxito en el plano delictivo, al punto de que criminales de otras latitudes se afanan en adoptar y adaptar el modelo, cada quien a su medida.
Los venezolanos han hecho de todo para librarse de la peste que en mala hora engendraron. Muy caro les ha costado la peripecia, y bien harían otros en tomar nota. Pero la voluntad de vivir en libertad se impone por sobre todo lo demás. El pueblo de Venezuela dejó clara su voluntad de cambio hace poco más de un año, cuando la opción labrada por María Corina Machado y Edmundo González arrasó en las urnas, e insiste en defender su victoria popular.
Pero dada la naturaleza del régimen de turno, la respuesta ha sido criminal. Los crímenes de lesa humanidad, como señalan Naciones Unidas y diversos organismos defensores de derechos humanos, son la pauta que predomina tras las pasadas elecciones presidenciales. A día de hoy, más de 800 presos políticos (y entre ellos un centenar de mujeres) permanecen vejados y privados de todo acceso a la justicia. Y van más de 18.000 los detenidos durante el gobierno de Maduro.
Entre tanto, una nueva administración ha llegado a la Casa Blanca, y a Trump se le ha ocurrido darle a un cubano-americano como Marco Rubio (quien sabe de primera mano cómo se las gastan las dictaduras del Caribe) un poder operativo que no se recuerda allí desde la época de Kissinger. Pero ésta será ya materia para una próxima entrega.
