El 18 de octubre de 2019, bajo el gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera, tuvo lugar en Chile un intento de derrocar al régimen por la vía de la violencia y la insurrección. La extrema izquierda y también parte de la izquierda, supuestamente moderada, llevó adelante un plan coordinado de destrucción y ataques sin precedentes a la propiedad pública y privada. En su momento, se mencionó que la razón que explicaba esta brutalidad, se originaba por un alza $ 30 pesos chilenos - 0,027 euros - en el costo de la tarifa de transporte público.
La verdad era otra. Grupos extremistas organizados e infiltrados por extranjeros y anarquistas, atacaron decenas de estaciones del Metro de Santiago, quemaron iglesias, saquearon supermercados y destruyeron el centro de la capital de Chile. Fue tal el nivel de daños, que Santiago aún no recupera su normalidad. Las “bestias”, se concentraron en torno a la estatua del héroe chileno Manuel Baquedano, cuyo monumento debió ser retirado y aún no regresa a su lugar. La presión de los delincuentes fue inmensa, amparada por miles de personas que sin entender el daño que le hacían a Chile, se congregaron en masivas manifestaciones a lo que llamaron “estallido social”. Sus máximos líderes, llamados de “la primera línea” fueron incluso recibidos y alabados por un decadente Congreso Nacional. Tras el “estallido”, se inició un proceso de cambio en la Constitución, que tuvo dos intentos fallidos. Los insurrectos buscaban un nuevo Chile, plurinacional, plurilingüe y pluriétnico.
La policía intentó hacer su trabajo, pero terminaron enjuiciados y varios encarcelados. Por su parte, los vándalos e instigadores del golpe, fueron liberados e incluso algunos reciben pensiones de gracia otorgadas por el Estado. Varios miembros del gobierno de Boric, fueron protagonistas de los desmanes, pero el tiempo ha ido olvidando lo grave de la destrucción y del ataque a la democracia perpetrado por jóvenes delincuentes que se autoproclaman progresistas. Las cosas han cambiado en Chile y la ciudadanía no quiere que se repita lo sucedido hace 6 años.
En menos de 30 días, habrá elecciones en Chile y los jerarcas de la izquierda chilena, tendrán que irse para la casa y reubicarse entre sus amigos extranjeros o en la multitud de organismos internacionales, los que en su mayoría son receptáculos de burócratas ineficaces. Todas las encuestas indican que la oposición asumirá en Chile en marzo próximo y que el país podrá de a poco recuperar el protagonismo que detentó por más de 4 décadas. Los riesgos que enfrentará el nuevo gobierno no serán menores, toda vez que la izquierda, ya ha amenazado con salir a la calle si no es elegida para gobernar. La ciudadanía exige mano dura con los delincuentes, el narcotráfico y la inmigración ilegal. El tiempo dirá si el nuevo gobierno aplicará la ley y la tranquilidad vuelva a Chile.
