Eran las nueve y media de la mañana del pasado 31 de marzo cuando, en la localidad asturiana de Cerredo, la mina, una vez más, volvía a golpear con su cruel látigo de dolor la cuenca minera astur leonesa y segaba la vida de cinco trabajadores.
Fallecieron cinco y otros cuatro resultaron heridos graves a causa de una explosión de gas grisú. Los muertos, todos leoneses, oriundos del valle de Laciana, tenían entre 33 y 54 años. ¡El peor accidente de la minería en 30 años!
¡Puto carbón que tanta sangre ha derramado!
Era el grito desgarrado que una de las madres, destrozada y en un puro llanto, profería, abrazada al féretro, al despedir a su hijo y padre de familia cuando la comitiva fúnebre lo portaba a hombros de compañeros por las calles en un último homenaje póstumo al que se sumó toda la localidad, todo el valle de Laciana, las principales autoridades de ambas comunidades y representantes del gobierno central. ¡El rito de la muerte y su parafernalia cautiva a las autoridades!
No obstante, y como se ha dicho desde esta columna en anteriores ocasiones, las cosas —y ni siquiera estas que parecen tan determinadas por el destino— acontecen por casualidad. Hoy, lo reitero y refuerzo el argumento.
¿No nos habían dicho que la minería había finalizado?, ¿entonces, que se hacía en el pozo minero de Cerredo?
En primer lugar, dejemos claro un importante dato: la documentación administrativa y los permisos otorgados a la empresa que la explotaba contemplaban la autorización exclusiva para detectar un determinado tipo de carbón. Concretamente, la licencia sólo permitía investigar la presencia de grafito de alta calidad. Una actividad que, dejémoslo claro, no facultaba la extracción de carbón. Únicamente, además de lo antedicho, podía dedicarse al desmontaje de estructuras anteriormente instaladas en el lugar en el que se produjo la explosión. ¡Pero nada más!
Pues les voy a explicar, aún cuando las investigaciones están abiertas y todavía no haya informes oficiales al respecto, algunas circunstancias que condicionan lo acontecido en aquella explotación. Porque, si dos y dos son cuatro, lo sucedido aquella mañana, en aquella galería y en aquella mina, encaja como un guante de seda con la realidad. Una realidad donde se combina –hay evidencias al respecto– lo más repugnante de la condición humana. Egoísmo, corrupción y afán especulativo sin importar las consecuencias.
Escuchen y sorpréndase, porque esto que les voy a referir, aún publicado, lo ha sido con ominosa sordina. Luego, pregúntese el por qué, pero ahora atiendan:
Unos meses antes del siniestro, concretamente el 16 de octubre, un ciudadano particular presentó una denuncia ante las autoridades autonómicas asturianas competentes en la materia, advirtiendo —con fotos incluidas y datos extraordinariamente precisos— que en la mina de Cerredo se estaba extrayendo carbón sin permiso. La denuncia, incluso, nombraba al ingeniero técnico que ejercía de facultativo y apuntaba, además, a que se estaba explotando sin ninguna medida de seguridad.
En el mismo escrito, se preguntaba el ciudadano denunciante si el ayuntamiento de Degaña, al que pertenece la localidad de Cerredo —donde se ubica la bocamina del pozo citado—, no conocía la existencia de dicha irregular actividad. Y este escrito, premonitorio, fue cursado el 16 de octubre. ¡Nada menos que cinco meses antes de la tragedia!
A pesar de ello, la actividad continuó sin que la denuncia tuviera respuesta de la administración asturiana ni se moviera nada en lo que era, a todas luces, una irregular explotación.
Un nuevo correo del mismo ciudadano se dirigió, tras lo sucedido, a las autoridades competentes y decía: «El día 16 de octubre de 2023 se envió información al Principado de Asturias acerca de la explotación y extracción de carbón en la zona del Mangueiro, piso 3º de la mina de Cerredo. Ayer (por el lunes) sucedió el fatal accidente. ¿Desde el Principado de Asturias no se era consciente de los peligros? Porque donde se produjo la explosión, concretamente la capa Z, era una zona cerrada, sin circuito de ventilación y aireación».
Pero, a mayor abundamiento, aquel inicial escrito, hasta con soporte gráfico de la bocamina y explanada, no sólo denunciaba graves irregularidades laborales con evidentes riesgos para la salud de los trabajadores sino que, además, señalaba altas complicidades y unas presuntas estafas –éstas, desgraciadamente, muy en la tónica de lo que siempre fue la actividad minera en los pozos astur leoneses por parte de amplios sectores de ese empresariado–. Además aportaba datos tan precisos como el literal del mismo, que rezaba así: «en las últimas semanas están llegando camiones cargados con carbón de Fabero y en Cerredo lo descargan, lo mezclan y lo envían al Puerto del Musel, en Gijón, Muelle Norte». Y el escrito de denuncia citaba, además, los nombres de las empresas transportistas que lo trasladaban.
Pero, en la misma actitud de silencio e inacción –que sin duda hoy deberían dar lugar a responsabilidades administrativas y penales–, tampoco hubo respuesta por parte del gobierno autonómico asturiano.
Y ya, para cerrar el círculo y cual si de un remedo de la «Crónica de una muerte anunciada» de García Márquez se tratara, el asunto es que, 19 días antes, aquellas presuntas irregularidades fueron también denunciadas, de nuevo, por otro ciudadano. Y no uno cualquiera. Esta vez, nada menos, que el anterior dueño de dicha explotación minera, Victorino Alonso.
Este antiguo propietario presentó un escrito en Fiscalía —repito, Fiscalía —, calificando de «burdo engaño», por parte de la actual empresa propietaria, la artimaña de extraer grafito. Denunciaba que se estaba dedicando, lisa y llanamente, a la extracción carbonífera, algo claramente prohibido por normativas europeas. Y, con gran profusión de detalles y concreciones para que la administración actuara de inmediato contra la irregular explotación, se explicaba, en un detalladísimo estudio técnico, que los posibles métodos para la extracción de grafito solo pueden hacerse a partir de coque de petróleo, de brea o de hulla y que ninguna de esas variedades de mineral estaban presentes en dicho yacimiento. Y ya, en un alarde de ironía y mala leche, remataba su informe con que dichos materiales «ni estaban ni se los esperaba».
El resultado es que todas esas denuncias —que sacaban a la luz trapicheos, estafas, mezclas de carbón con conexiones administrativas claramente penales, amén de irregularidades laborales de altísima responsabilidad puesto que, parece ser, sólo tres de los fallecidos estaban de alta en la seguridad social—, fueron desoídos, en su momento, por Belarmina Díaz Aguado, entonces Directora General del Gobierno del Principado en Energía y Minería y miembro, además ¡qué paradoja!, de la Comisión Regional de Seguridad Minera. Esta señora —parece ser que muy vinculada familiarmente a empresarios mineros—, es hoy, nada menos, que la flamante Consejera de Industria del gobierno socialista asturiano.
Se limitó a decir, cuando conoció la denuncia a la que no dio solución ni respuesta, «que se trataba de guerras y denuncias entre particulares». Y se quedó tan ancha la señora Directora, hoy, además, Consejera.
Pues, paradojas de la vida, la autoridad administrativa que ahora tiene que investigar exhaustivamente sobre causas, razones, responsables de la muerte de cinco hombres y las conexiones de todo tipo inherentes a una actividad que movía enorme maquinaria y personas —luego es imposible alegar desconocimiento—, es ella misma. ¡Sí, ella, se investiga a ella!
Se impone, ya, pues, la investigación judicial para la depuración de responsabilidades de quienes —a todos los niveles—, por acción u omisión, hayan cometido infracciones con resultados tan trágicos como los habidos.
Pero además de todo esto —tal vez por deformación e ingenuo romanticismo— uno, inocentemente, se pregunta, ¿y los sindicatos del sector —que tanto mueven y en Asturias son históricos—, donde estaban?
¡En el entierro…, de la minería y de los compañeros!
