La reforma del sistema de financiación autonómica ha abierto una nueva brecha política en España. El acuerdo alcanzado este lunes entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para establecer un modelo de financiación “singular” ha provocado una respuesta fulminante de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien anunció que la Comunidad de Madrid recurrirá el pacto ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional por considerar que rompe la igualdad entre territorios y supone “un atraco a la nación”.
La controversia gira en torno al principio pactado por el Gobierno y la Generalitat para que Cataluña pueda gestionar y recaudar el 100% de los impuestos generados en su territorio, a través de su propia Agencia Tributaria, y decidir qué cantidad devuelve al Estado. Aunque el modelo, en palabras del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, podrá ser “extensible a cualquier comunidad que lo solicite”, la oposición lo tacha de privilegio encubierto.
“No es un sistema de privilegios, sino de responder a la financiación de los servicios públicos de nuestro país”, defendió Albert Dalmau, consejero de Presidencia de la Generalitat, quien subrayó que se respetarán principios como la solidaridad y la ordinalidad para evitar que Cataluña pierda posición relativa tras la redistribución.
Un acuerdo aún sin cifras cerradas
El pacto no incluye aún cifras concretas, pero fuentes gubernamentales confirmaron que la reforma podría implicar un ajuste de hasta 25.000 millones de euros en el modelo de financiación, cifra que desde el Ejecutivo matizan como orientativa y aún sujeta a negociación. El calendario previsto sitúa la aprobación definitiva de la nueva Ley de Financiación Autonómica antes del 31 de diciembre de 2025, para comenzar a aplicarse en la práctica a partir de 2026, coincidiendo con la declaración de la renta de 2025.
Entre los cambios más relevantes, el nuevo esquema sustituiría el sistema de entregas a cuenta por uno basado en la recaudación real. Además, introduce mecanismos para evitar “la competencia fiscal a la baja” entre autonomías, una cuestión sensible que afecta especialmente a comunidades como Madrid, que durante años ha apostado por una política de bajos impuestos para atraer empresas y contribuyentes de rentas altas.
Madrid en pie de guerra
La reacción de Ayuso ha sido inmediata. Desde la Real Casa de Correos, la presidenta madrileña denunció que Pedro Sánchez “regala” a los independentistas recursos públicos “para camuflar su corrupción” y acusó al presidente del Gobierno de estar dispuesto a “romper España” para mantenerse en el poder.
“Él pone la cama y los españoles pagan”, lanzó Ayuso, quien también alertó de que el acuerdo es la antesala de “un referéndum de autodeterminación o directamente la independencia ilegal” de Cataluña y el País Vasco. “Esto es un atraco a la nación y a la unidad de España”, afirmó.
La presidenta regional se mostró convencida de que el resto de comunidades autónomas se unirán a Madrid para frenar en los tribunales lo que considera “una sentencia de muerte contra España”. En su intervención, Ayuso criticó la opacidad de las negociaciones y advirtió de que “los españoles no somos tontos” y que el Gobierno pretende acostumbrar al país a “decretazos y chapuzas legislativas”.
Moncloa defiende el principio de solidaridad
Desde el Gobierno central, el ministro Torres insistió en que no se trata de “privilegios” para Cataluña, sino de avanzar hacia un modelo federal en el que cualquier comunidad pueda asumir mayor responsabilidad fiscal si así lo desea. “La bilateralidad es compatible con la multilateralidad”, sostuvo, subrayando que el sistema será voluntario y abierto al resto de territorios.
El acuerdo, según Moncloa, se basa en tres pilares: responsabilidad fiscal, solidaridad sin penalización y criterios técnicos objetivos en el cálculo de aportaciones y transferencias. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asumiría las funciones de recaudación, aunque, al menos por ahora, los tipos impositivos seguirán siendo competencia del Estado.
No obstante, desde la Generalitat admitieron que la ATC todavía no está preparada para gestionar íntegramente grandes impuestos como el IRPF de manera inmediata. “La ATC no va a comenzar a caminar en un día”, reconoció Dalmau, que explicó que el proceso será progresivo y requerirá reformas legales y refuerzo de personal.
Una reforma pendiente desde hace más de una década
El actual sistema de financiación autonómica lleva caducado desde 2014. Aunque diversas comisiones de expertos y partidos políticos han reclamado una reforma que evite agravios entre territorios, los distintos gobiernos han ido posponiendo el debate por su enorme sensibilidad política y su impacto electoral.
La reforma que plantea el Ejecutivo afectará también a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y a las normas de cesión de tributos, lo que requerirá mayoría absoluta en el Congreso. El Gobierno prevé llevar el debate al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el verano, en busca de un pacto global.
Mientras tanto, el acuerdo con Cataluña, ligado en gran parte a los pactos de investidura de Sánchez con el PSC y ERC, ha reabierto el debate territorial y ha convertido la financiación autonómica en uno de los grandes frentes políticos de la legislatura.
