Un nuevo episodio de fricción política ha estallado en Madrid a raíz del desahucio de Sheila, una madre soltera y víctima de violencia de género, y sus tres hijos menores, ocurrido el pasado 8 de julio en el número 14 de la avenida Carmen Laforet, en Torrejón de Ardoz. El caso ha desatado un cruce de reproches entre el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el Ejecutivo regional, que dirige Isabel Díaz Ayuso, a través de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
En una carta remitida este lunes, el Delegado del Gobierno muestra su “profunda indignación” y acusa a la Comunidad de Madrid de “falta de soluciones, responsabilidad o, básicamente, de humanidad” por haber instado judicialmente el desahucio de la familia sin ofrecer una alternativa habitacional estable. Sheila, que residía en una vivienda de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad, percibe únicamente el Ingreso Mínimo Vital y tiene a sus hijos escolarizados en Torrejón de Ardoz. Según relata Martín Aguirre, la mujer había solicitado regularizar su situación o acceder a alguna de las 14 viviendas vacías en el mismo bloque, pero la Comunidad optó por la vía judicial.
“Si nada cambia, el próximo jueves 17 de julio Sheila estará en la calle”, alerta el Delegado del Gobierno, quien urge a la presidenta madrileña a asumir sus competencias y a participar en una mesa técnica tripartita junto al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para abordar de manera integral tanto este caso como la conflictividad que afecta al edificio en cuestión. Martín Aguirre insiste en que la situación “no puede despacharse como un mero problema de seguridad” y califica lo ocurrido de “fracaso de gestión”.
La respuesta del Gobierno regional ha sido contundente y poco habitual en el tono institucional. En otra misiva oficial fechada también el 14 de julio, Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de Ayuso, tilda la carta del Delegado del Gobierno de “falta de respeto” y se niega a trasladársela a la presidenta. “Le ruego escriba a la presidenta con el decoro que implica su cargo. Si no es capaz de entender lo que usted representa, no vuelva a enviar cartas con esa mala educación”, zanja Rodríguez en apenas cuatro líneas.
Contexto de conflicto social y desahucios
El caso ha reavivado el debate sobre la situación de la vivienda social en Madrid, donde el parque público es uno de los más reducidos de España en proporción a la población, según informes de entidades como Amnistía Internacional y la Fundación Alternativas. Aunque la Comunidad de Madrid ha reforzado la Agencia de Vivienda Social en los últimos años, persisten numerosos casos de ocupación, viviendas vacías y familias vulnerables pendientes de solución.
Vecinos y asociaciones sociales denuncian desde hace tiempo la conflictividad en el edificio de Carmen Laforet, 14, escenario de problemas de convivencia, infravivienda y episodios de violencia, lo que ha llevado a la Comunidad a calificarlo en ocasiones como “foco de inseguridad”, una definición que el Delegado del Gobierno rechaza por considerarla “una excusa para eludir responsabilidades sociales”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha ofrecido una ayuda de emergencia a la familia, aunque según fuentes municipales consultadas por El Diario de Madrid, se trata de una solución “meramente provisional e insuficiente” ante los altos precios del alquiler en la zona.
Una batalla política con repercusión social
El enfrentamiento entre ambas administraciones refleja el choque habitual entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño en materia de políticas sociales y de vivienda, una tensión que ha marcado los últimos años de mandato de Isabel Díaz Ayuso. Mientras el Gobierno regional suele achacar estos problemas a la presión migratoria, la ocupación y la falta de competencias estatales, desde Delegación del Gobierno se acusa a la Comunidad de Madrid de “falta de voluntad política” para garantizar el derecho a la vivienda de los más vulnerables.
Sheila y sus tres hijos permanecen en situación incierta. “Lo que está en el centro de este caso no es una disputa competencial, burocrática o política. Hablamos de una familia vulnerable a la que han dejado sin techo y de la que no pueden ni deben desentenderse”, ha sentenciado Martín Aguirre en su carta.
Mientras, desde el entorno de la Comunidad de Madrid se insiste en que cualquier solución habitacional definitiva debe ajustarse a la legalidad y descartan abordar casos de forma individualizada fuera de los procedimientos establecidos.
A dos días de que se cumpla el plazo para el desalojo definitivo, el futuro de Sheila y sus hijos sigue en el aire. La polémica amenaza con prolongarse y convertirse en un nuevo campo de batalla política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
