Año tras año, los estudios periódicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología —en sus distintas denominaciones a lo largo del tiempo— muestran un fenómeno tan persistente como inquietante. Una amplia mayoría de la población declara confiar en la ciencia, en los científicos y en el método científico como la mejor herramienta disponible para comprender la realidad y mejorar la vida humana. Sin embargo, junto a esa mayoría aparece siempre un porcentaje pequeño, pero nada desdeñable, que sostiene creencias abiertamente contrarias al conocimiento acumulado: que la Tierra no es redonda, que el ser humano no llegó a la Luna, que las vacunas son ineficaces o peligrosas, o que existen terapias “naturales” capaces de curar enfermedades graves sin base alguna.
Los datos varían ligeramente de un año a otro, pero el patrón es estable. En torno a un 85–90 % de los ciudadanos manifiesta una confianza alta o moderada en la ciencia, mientras que entre un 8 y un 12 % da crédito a uno o varios de estos bulos. Puede parecer una minoría irrelevante, pero en términos absolutos hablamos de millones de personas.
A todo ello se suma un contexto que no puede ignorarse. Cuando una parte de la ciudadanía percibe —con razón o sin ella— que los políticos engañan, que las estadísticas oficiales se discuten, se reinterpretan o se maquillan, y que los datos públicos generan desconfianza recurrente en España, el terreno queda abonado para que los bulos prosperen.
Durante décadas, esa desconfianza se dirigía casi en exclusiva a la esfera política. Se asumía, con mayor o menor resignación, que el político podía faltar a la verdad por interés partidista, por cálculo electoral o por simple oportunismo. Hoy, sin embargo, esa sospecha se ha extendido a otros ámbitos que antes gozaban de un crédito casi automático. Cada vez más ciudadanos perciben —de nuevo, con razón o sin ella— que también determinados funcionarios, técnicos o responsables intermedios pueden verse tentados a adornar datos, suavizar conclusiones o acomodar informes si ello favorece su carrera, su visibilidad o su progresión profesional.
Cuando esa percepción se instala, el daño es profundo. Si ya no se confía plenamente en quien legisla, pero tampoco en quien certifica, regula o evalúa, la frontera entre información y propaganda se difumina. ¿Cómo no van a proliferar entonces los bulos sanitarios? ¿Cómo no va a encontrar audiencia quien promete verdades alternativas, cuando la verdad oficial se percibe como interesada o incompleta?
La sospecha generalizada acaba contaminándolo todo. Si las cifras del paro o de la inflación se ponen en duda, resulta comprensible que una parte de la población extienda esa desconfianza a la ciencia, a las vacunas o a la medicina basada en pruebas. En ese clima, el bulo no entra por ignorancia, sino por coherencia interna: se cree porque encaja con una visión del mundo en la que nada oficial merece crédito. Mientras no se recupere una cultura de veracidad, la incredulidad persistirá, y con ella, la vulnerabilidad de muchos ciudadanos frente al engaño.
