Durante la reunión de ministros de Empleo y Política Social de la UE (Epsco), Díaz ha subrayado que este gravamen es esencial para garantizar el equilibrio fiscal y financiar las medidas necesarias que protejan a los trabajadores ante el auge de los algoritmos y la automatización.
Para la titular de Trabajo, la irrupción de la IA debe entenderse como un "avance civilizatorio" que permita liberar a las personas de tareas rutinarias o insalubres, aumentando la productividad para reducir la jornada laboral. Sin embargo, ha advertido que esta transición solo será justa si existe una intervención activa desde la política social que evite la vulnerabilidad de los empleados y asegure su formación en las nuevas competencias demandadas por el mercado.
Auditorías algorítmicas y nuevos derechos laborales
Díaz ha puesto el foco en la necesidad de establecer límites claros al uso de algoritmos en el ámbito laboral. Entre sus propuestas destacan:
- Transparencia y auditorías: Exigir el control de los algoritmos con asesoramiento especializado y participación sindical para evitar sesgos.
- Indicador de riesgo de automatización: Crear una herramienta estadística para identificar y proteger a los sectores de trabajadores más expuestos a ser sustituidos por tecnología.
- Desconexión digital: Regular de forma estricta el derecho de los empleados a no ser contactados fuera de su horario laboral en un entorno hiperconectado.
- Agencia Europea de Protección de Datos: Avanzar en la creación de un organismo público de escala continental que vele por la privacidad de la información laboral frente al big data.
Soberanía tecnológica y productividad europea
La ministra ha vinculado la eficiencia de las empresas europeas con la autonomía tecnológica, señalando que depender de competidores internacionales (principalmente de EE. UU. y China) limita la capacidad de crecimiento de Europa. En este sentido, ha propuesto utilizar la IA para modernizar servicios públicos estratégicos, como las oficinas de empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mejorando su capacidad de detección de fraudes y la atención al ciudadano.
Antecedentes: de la 'Ley Rider' a la transición justa
La propuesta de Díaz en el marco europeo se apoya en hitos previos logrados en España, como la aprobación en 2021 de la Ley Rider. Aquella normativa, consensuada con patronal y sindicatos, fue pionera en Europa al reconocer la laboralidad de los repartidores de plataformas digitales y combatir la figura de los falsos autónomos.
Con su intervención de hoy, la vicepresidenta busca trasladar ese espíritu regulador a la escala comunitaria, defendiendo que la transición digital debe ser, ante todo, una cuestión de justicia social.
