La medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad tanto interior como exterior de las edificaciones y espacios administrados en el antiguo Valle de los Caídos. Hasta la fecha, estas contrataciones dependían de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos; sin embargo, al encontrarse esta entidad en proceso de extinción por ser incompatible con los valores constitucionales, según la ley de Memoria Histórica, Patrimonio Nacional ha asumido las funciones de patronato y representación de forma transitoria.
Detalles del servicio y despliegue técnico
El contrato contempla un total de 18.402 horas de servicio repartidas en tres años, con un coste de 21,56 euros por hora. Los vigilantes de seguridad, que operarán sin armas, desempeñarán funciones exhaustivas que incluyen el control de acceso e identificación de visitantes, proveedores y trabajadores; inspección de pertenencias (bolsos, mochilas y objetos personales); vigilancia de bienes históricos y control de entrada/salida de obras de arte y rondas diarias en zonas laborables y festivos para evitar el acceso a áreas reservadas.
La empresa adjudicataria deberá proveer al personal de equipos técnicos como detectores de metales, radiotransmisores, linternas de largo alcance y guantes anticorte. Además, se abre la posibilidad de sustituir la defensa reglamentaria por sprays de defensa personal, previa autorización de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
El contexto de las obras: La base y la Cruz
Este refuerzo de la seguridad es fundamental para el desarrollo del proyecto "La base y la Cruz", la propuesta ganadora del concurso internacional para la resignificación del enclave. Con un presupuesto aproximado de 30 millones de euros, esta intervención transformará el espacio mediante la construcción de un centro de interpretación en la explanada para explicar la historia del lugar desde una perspectiva dual; la eliminación de la escalinata de acceso a la basílica; y la incorporación de señalización explicativa en capillas y en la cúpula del templo.
Pese a estos cambios estructurales, el proyecto respetará la cruz de 150 metros, el culto religioso y la presencia de la comunidad benedictina. Se estima que las obras tengan una duración mínima de cuatro años, por lo que el personal de seguridad será el encargado de supervisar el acceso de las empresas constructoras y el correcto desarrollo de las labores de rehabilitación.