El bloqueo legislativo anunciado por Junts en el Congreso ha encendido las alarmas en el sector farmacéutico español. Lo que para algunos puede parecer un pulso político más dentro del tablero parlamentario, para miles de profesionales, empresas y pacientes supone un riesgo real de parálisis normativa en un momento especialmente sensible. No se trata únicamente de frenar una agenda legislativa: hablamos de la posibilidad de que proyectos largamente reclamados —y, por primera vez, trabajados con un notable consenso entre Administración y sector— queden en papel mojado. Junts ha avanzado que solo facilitará cinco normas, excluyendo las impulsadas desde Sanidad e incluso anunciando enmiendas de totalidad a leyes como la de Universalidad, Cohesión o la regulación anti-privatizaciones.
Dentro de esta turbulencia, sorprende que, por primera vez en décadas, el Ministerio de Sanidad lograra sentar en la misma mesa y con una sensación de escucha real a buena parte de los segmentos del sector. Ni el PSOE ni el PP pueden presumir de una historia fluida con la industria farmacéutica, los colegios profesionales o la distribución. El recorrido ha estado marcado más por desencuentros que por grandes pactos. Y, sin embargo, los actuales responsables ministeriales han sabido captar demandas históricas: acelerar los plazos de financiación, garantizar incentivos a la innovación, ordenar el mercado de genéricos, mejorar los precios más bajos, y abordar el acceso a los medicamentos huérfanos desde una perspectiva realista y alineada con Europa.
Un ejemplo es el Real Decreto de financiación y fijación de precios, reclamado por la industria del genérico ante un umbral mínimo desfasado desde 2014, o con las demandas de AELMHU para que las enfermedades raras no queden penalizadas por aportaciones que pueden poner en riesgo su sostenibilidad. Y no es menor la posición de la tecnología sanitaria, cuyo desarrollo sigue anclado en una regulación de 2006. El sector recuerda que mantener el acceso a la innovación y garantizar la compra pública orientada al valor no es un capricho empresarial, sino una obligación hacia pacientes y profesionales. Incluso la distribución farmacéutica insiste en que la nueva Ley del Medicamento debe reconocer y proteger su papel de “gama completa” para asegurar el suministro, especialmente ante situaciones de escasez
Convocar elecciones anticipadas, o rechazar estos proyectos, sería frenar años de trabajo, retrasar soluciones largamente demandadas y transmitir al sector —una vez más— la imagen de que la política va por un camino y las necesidades reales por otro. El verdadero mérito no está tanto en la política visible de la ministra como en la elección de las personas adecuadas para negociar, escuchar y plasmar las reformas con rigor técnico. Esperemos que aquí suceda lo que reclama el refrán: “hágase el milagro, y hágalo el diablo”, y Junts sea capaz de entenderlo.
