Al analizar la situación política, económica y cultural de Occidente nos encontramos con que una gran parte se encuentra bajo el dominio de un pensamiento único de corte estatista cuyo fin es perpetuarse en el poder mediante el control de la sociedad y de sus instituciones democráticas.
Dotados de un inmenso ego y de una ambición sin límites, los adalides del “Estado leviatán” consideran que están llamados a transformar la sociedad para hacerla más justa, más equitativa, más verde, más feminista, etc....y que por lo tanto están legitimados para imponer su visión de forma coercitiva. Tratan de convencernos de que la sociedad que ha hecho libre y prósperos a la mayoría debe ser “deconstruida” y sustituida por otra dirigida y planificada por el Estado. Ellos son los autocomplacientes “Elegidos”, y, claro está, los que tienen que dirigir el cotarro.
Creen firmemente que un pequeño colectivo de políticos, burócratas de alto nivel y activistas subvencionados saben más y son más capaces que las decenas de millones de ciudadanos y de agentes económicos que han creado el orden espontáneo que en el seno de la economía de mercado ha dado lugar tanto a la explosión de riqueza de los últimos dos siglos como al desarrollo de las libertades políticas y civiles de nuestras sociedades.
A primera vista lo que más llama la atención es cómo los “Elegidos” están blindados ante la razón y las evidencias empíricas contrarias. Por más que la realidad y los datos disponibles muestren objetivamente que sus políticas fracasan con mucha frecuencia, nunca reconocen su error ni cambian de rumbo.
Son muchos los ejemplos que tenemos en España, como el de la intervención del mercado de alquiler. Las regulaciones introducidas por el gobierno han reducido la oferta y empeorado notablemente la accesibilidad de la mayoría a la vivienda. A pesar de haber fracasado no reniegan de esta política y lo más probable es que en vez de eliminarla profundicen en ella con aún más nefastas consecuencias para las clases medias y bajas.
La política energética suicida promovida por Bruselas y por el gobierno español es otro buen ejemplo. Para que una sociedad prospere y reduzca la pobreza a la mínima expresión se necesita energía abundante, barata, estable y disponible allí donde se demande. De todos estos criterios solo cumplimos el primero, y cuando se cierren las nucleares, ni siquiera este. Contaminar menos es loable, pero hacerlo a costa del empobrecimiento económico y social de la mayoría es muy poco inteligente y nada progresista. Esto es un sacrificio inútil porque el crecimiento de las emisiones de China, de India y de los EE.UU excede muchas veces el recorte de emisiones de la UE.
Lo mismo sucede con las políticas destinadas a aumentar la “justicia social”. Desde 2017 la injerencia del estado y de las comunidades autónomas en la economía española no para de aumentar, tanto en términos de gasto total, gasto social, carga fiscal, y número de empleados públicos como de intervencionismo regulatorio. El resultado ha sido el aumento del número de hogares con carencia material severa y el de aquellos que están en riesgo de pobreza a niveles récord.
Por si fuera poco, la renta disponible real de las clases medias retrocede, y lo mismo sucede con la renta per cápita respecto de la media de la UE. Por desgracia, este empobrecimiento se ceba especialmente en la juventud. La población de menos de 35 años tiene en 2025 una riqueza patrimonial un 75% inferior a la de los jóvenes de hace 20 años, principalmente porque las políticas estatistas les han negado el acceso a la vivienda. Más estado, más políticas sociales regadas con decenas de miles de millones de dinero público no nos están haciendo más ricos sino más pobres, no producen más justicia social sino menos.
Lo mismo sucede en los EE.UU. A mediados de los años 60 el gobierno americano se embarcó en su famosa “guerra contra la pobreza” mediante el lanzamiento de gigantescos programas públicos destinados a reducir tanto la miseria como la dependencia. Conviene señalar que hacia 1964 el número de hogares en riesgo de pobreza había caído un 50% respecto de 1950 sin que el gobierno hubiera hecho nada al respecto. Como era de esperar, estos esquemas públicos fracasaron estrepitosamente hasta el punto de que en 1992 tanto la pobreza como la dependencia eran mucho mayores que cuando se iniciaron los subsidios casi tres décadas antes.
La población de color es la que más sufrió el impacto de estas políticas. Desde 1940 la comunidad negra venía mejorando aceleradamente su nivel de vida, obteniendo los matrimonios de color ingresos muy similares a los que tenían los matrimonios blancos, a igualdad de nivel educativo. Todo esto se torció con la intervención del estado. La combinación de generosos subsidios a las mujeres de color solteras y la guerra contra la familia tradicional produjeron el hundimiento del número de matrimonios y una explosión de hogares sin padre. Como consecuencia de esto aumentaron fuertemente tanto el fracaso escolar como el desempleo juvenil y la delincuencia, en resumen, se produjo la desintegración social de los barrios de color y el crecimiento de la pobreza y de la dependencia. La causa es la intervención estatal y no el racismo como no cesan de repetir.
En el campo de la educación sexual la acción estatal también produjo resultados negativos. A finales de los 60 se empezaron a gastar grandes cantidades de dinero público con el fin de promocionar esta materia en las escuelas públicas. El objetivo era reducir el número de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Hacia 1970 el porcentaje de mujeres embarazadas de entre 15 y 19 años había aumentado del 6,8% al 9,6%, o sea, un 41% más. Catorce años después el número había crecido otro 29% adicional. Además, entre 1956 y 1975 las ETS se multiplicaron por tres. El fruto de este programa fue de nuevo el opuesto al deseado.
En realidad, han conseguido su objetivo principal que no es otro que minar la importancia de la familia tradicional como pilar básico de la sociedad. Los “Elegidos” no desean que las familias de clase media prosperen, que sean independientes y mantengan el control acerca de los valores que se les inculcan a sus hijos. Minar la familia tradicional y tomar el control de los adolescentes es una de las formas que tiene el pensamiento único para ganar la batalla cultural e imponer su visión controladora y autoritaria a toda la sociedad.
Cualquier persona racional e inteligente cambiaría de política si los resultados obtenidos fueran los contrarios a los deseados. Por desgracia este no es el caso de los representantes del pensamiento único pues son refractarios a las evidencias y a los datos empíricos, en gran medida porque son los únicos que son juzgados por sus intenciones y no por sus resultados, lo que los hace especialmente dañinos.
Si queremos evitar acabar como la Argentina peronista conviene empezar a juzgar a todos los políticos por sus resultados y darnos cuenta que el “Estado leviatán” es nuestro enemigo. Cuando traten de comprar nuestro voto con dádivas hemos de recordar que, como decía Milton Friedman, “there is no free lunch”.
