La denuncia de Vox se sitúa en el marco de la controversia pública y judicial que ha rodeado al llamado caso Leire Díez, un escándalo que surgió tras la difusión de grabaciones relacionadas con la exdirectiva socialista Leire Díez y supuestas conversaciones para influir en investigaciones contra mandos de la Guardia Civil y fiscales, presuntamente para proteger intereses vinculados al entorno del Gobierno.
Según Vox, estas grabaciones y las actuaciones del entorno del PSOE demostrarían que el partido y algunos órganos del Gobierno habrían hecho un uso partidista de estructuras institucionales para favorecer intereses privados o proteger determinadas posiciones, más allá de su función pública legítima. La formación de extrema derecha sostiene que ese tipo de prácticas socavan la independencia judicial y la confianza en las instituciones, y las vincula directamente a la actividad interna del PSOE en el poder.
Esta acusación se enmarca en una batalla política más amplia entre Vox y el PSOE, en la que la primera ha elevado múltiples denuncias y quejas dirigidas tanto a las instituciones como a la acción de Gobierno del Ejecutivo socialista, mientras que el PSOE defiende que las investigaciones y procesos judiciales deben seguir sus cauces legales sin interferencias políticas.
El caso Leire Díez ha generado repercusiones tanto en la esfera judicial como en la política, con citaciones de imputados y la apertura de diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, según los avances conocidos de la causa.
