El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha vuelto al primer plano del debate público envuelto en grandes cifras, promesas de crecimiento y apelaciones geopolíticas. Sin embargo, más allá del comercio agrícola o industrial, conviene preguntarse qué implica realmente este acuerdo para la sanidad, los medicamentos y, en última instancia, para la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud europeos.
Conviene empezar despejando un temor frecuente: el acuerdo no modifica la legislación sanitaria europea ni obliga a aceptar medicamentos, productos sanitarios o alimentos que no cumplan los estándares de la UE. El principio de precaución se mantiene intacto y la capacidad regulatoria de los Estados no se ve formalmente limitada. No hay, por tanto, una “puerta trasera” que permita rebajar exigencias en seguridad, eficacia o calidad de los medicamentos.
Ahora bien, que no haya cambios regulatorios directos no significa que el impacto sea irrelevante. En el ámbito de los medicamentos, el acuerdo refuerza de forma clara la protección de la propiedad intelectual en los países del Mercosur. Para la industria farmacéutica innovadora europea, esto supone mayor seguridad jurídica en mercados históricamente problemáticos, especialmente para patentes y datos regulatorios. Desde una lógica industrial, el mensaje es claro: exportar innovación será más rentable y menos arriesgado.
El reverso de esta moneda afecta a los medicamentos genéricos y biosimilares. Aunque el texto no introduce extensiones automáticas de patentes ni exclusividades adicionales, el refuerzo del marco de propiedad intelectual puede, en la práctica, retrasar la entrada de competencia en esos mercados. Para países con sistemas públicos tensionados y fuerte dependencia de los genéricos, esto no es un detalle menor. La experiencia demuestra que cuanto más fuerte es la protección, más difícil resulta contener descensos de precios una vez finalizado el periodo de monopolio.
En el campo de los medicamentos biotecnológicos el acuerdo abre oportunidades, pero también interrogantes. La cooperación regulatoria y la convergencia hacia estándares internacionales pueden facilitar exportaciones europeas de alto valor añadido. Sin embargo, también consolidan un modelo de medicamento caro, complejo y de alto impacto presupuestario.
Otro elemento relevante es la contratación pública. El acuerdo abre los mercados de compras sanitarias del Mercosur a empresas europeas, lo que beneficia a la industria, pero no refuerza de forma equivalente la capacidad de los sistemas públicos para negociar precios o imponer criterios sociales y sanitarios. En un contexto de creciente gasto farmacéutico, la apertura comercial no siempre juega a favor del interés general si no va acompañada de una política sanitaria sólida.
En definitiva, el acuerdo UE–Mercosur no amenaza directamente la sanidad europea, pero sí consolida una orientación: más protección para la industria innovadora y más presión indirecta sobre los presupuestos públicos. El debate no debería centrarse en alarmismos regulatorios, sino en una cuestión más incómoda y profunda: cómo sostener sistemas nacionales de salud universales cuando la política comercial avanza más rápido que la política sanitaria.
