Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revelan una situación preocupante: en los últimos siete años, el Estado ha gastado 4,26 billones de euros, pero apenas ha destinado 26.915 millones a inversión pública civil. Esto significa que solo 63 céntimos de cada 100 euros de gasto público se han dedicado a infraestructuras, transporte u obras de interés general.
En términos de Producto Interior Bruto (PIB), el panorama es aún más desolador. España ha generado en este periodo 9,3 billones de euros de riqueza, pero únicamente 29 céntimos por cada 100 euros de PIB se han invertido en mejorar infraestructuras esenciales.
Consecuencias visibles en servicios básicos
Esta baja inversión explica, según el informe, el deterioro de servicios clave como el transporte ferroviario y la red viaria, así como la falta de medios técnicos en emergencias como los incendios forestales.
Los analistas destacan que cuando la inversión en infraestructuras se mantiene en mínimos históricos, no solo se deterioran carreteras, trenes o aeropuertos, sino que también se erosiona la competitividad, la confianza internacional y la capacidad de crecimiento a largo plazo.
El peso del gasto corriente y electoralista
El informe apunta a que el Gobierno ha priorizado el gasto corriente y medidas de carácter electoralista, en detrimento de inversiones estructurales que podrían modernizar el país y aumentar la productividad. La falta de renovación de infraestructuras provoca que los problemas de mantenimiento se multipliquen y que España quede rezagada respecto a sus vecinos europeos.
Expertos piden un cambio de rumbo
Los especialistas en economía y políticas públicas insisten en que la inversión civil debe convertirse en palanca de modernización para garantizar el desarrollo sostenible del país. Señalan que la tendencia actual compromete no solo la calidad de los servicios, sino también el futuro económico de las próximas generaciones.
En definitiva, mientras el gasto público alcanza cifras históricas, la inversión productiva se mantiene en niveles mínimos, dejando a España con infraestructuras obsoletas y servicios básicos tensionados.
