La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha puesto sobre la mesa una reclamación directa a todas las comunidades autónomas: rebajar cinco puntos porcentuales la parte autonómica del IRPF para los trabajadores por cuenta propia. Según sus estimaciones, la medida generaría un ahorro medio anual de 474 euros por autónomo, lo que supondría casi 900 millones de euros liberados para el colectivo a nivel nacional.
Con más de dos millones de autónomos personas físicas sujetos a este tramo del IRPF, la organización ha iniciado una campaña estatal enviando formalmente su propuesta a todos los parlamentos regionales. El objetivo, aseguran, es aliviar la presión fiscal, mejorar la liquidez de pequeños negocios, favorecer la inversión y evitar cierres, además de contener la economía sumergida.
UPTA denuncia un desequilibrio en el sistema tributario español: mientras 3,4 millones de autónomos sostienen su actividad con márgenes ajustados, apenas 50.000 sociedades superan los cuatro millones de euros de facturación. Para la organización, los pequeños negocios soportan un peso fiscal desproporcionado frente a corporaciones con múltiples vías de deducción y optimización.
La propuesta concreta plantea reducir cinco puntos del IRPF autonómico en los tramos de renta hasta 35.200 euros, aplicable a rendimientos netos de actividades económicas. Un cálculo estándar elaborado por la entidad sobre una base imponible de 30.000 euros muestra la magnitud del alivio potencial.
Para compensar la caída de ingresos públicos derivada de la medida, UPTA propone reforzar la financiación autonómica desde el Estado e incrementar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 20% al 25-27% para empresas con facturación superior a cuatro millones, una acción que estima permitiría recaudar entre 1.200 y 1.800 millones de euros adicionales, manteniendo la sostenibilidad de servicios básicos.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, defendió que es momento de corregir un modelo que considera injusto: "No podemos permitir que quienes tienen márgenes más reducidos paguen más impuestos que las grandes empresas del IBEX 35", afirmó. Abad insistió en que la rebaja fiscal es necesaria para garantizar competitividad, estabilidad y supervivencia del tejido productivo, formado en un 95% por pequeños negocios.
La propuesta coloca presión en los gobiernos autonómicos en pleno debate sobre financiación territorial y fiscalidad empresarial, mientras el colectivo autónomo exige medidas que alivien un escenario económico aún incierto.
