La actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC) utilizada para calcular la revalorización anual de las pensiones ha encendido la polémica. Según denuncian analistas económicos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) habría reducido en una décima el IPC acumulado a noviembre, situándolo en el 3% en lugar del 3,1% que reflejaría el desglose mensual. La diferencia, aunque aparentemente mínima, derivaría en un recorte estimado de 190 millones de euros en las pensiones contributivas para 2026.
El economista José Ramón Riera, quien ha desglosado públicamente el impacto del dato, ha sido contundente: "Una décima menos equivale a 190 millones menos para pensionistas. Una décima que hoy es dinero perdido para siempre", señaló. Su cálculo alerta además de que la pérdida no afecta a un solo ejercicio. Al reducir la base inicial de actualización, la merma se arrastra año tras año, generando un efecto acumulativo que, proyectado a largo plazo, supondría miles de millones no ingresados por los beneficiarios.
El sistema de revalorización automática vigente desde 2021 marca que las pensiones se actualizan con la media del IPC interanual entre diciembre y noviembre, fórmula destinada a blindar su poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, la discrepancia de 0,1 puntos publicada ahora alteraría la referencia de cálculo. Si el dato no se corrige, el ajuste aplicable en enero será inferior al que correspondería con la cifra acumulada real.
Riera, crítico con la falta de transparencia estadística, expresó que esta desviación supone "un ahorro masivo para el Estado a costa de pensionistas y empleados públicos", ya que la actualización salarial del funcionariado se fija con el mismo índice. Las estimaciones sitúan en 12,7 millones las personas afectadas entre jubilados y trabajadores públicos, lo que amplifica la dimensión del recorte indirecto.
El economista ilustra su impacto con un ejemplo gráfico: "Si esos 190 millones se invirtieran hoy y crecieran al ritmo del Nasdaq como en los últimos 15 años, se convertirían en más de 3.250 millones en 25 años", evidenciando el coste de una décima aparentemente insignificante. La cuestión no es menor para quienes dependen de su pensión como principal fuente de renta.
Debate abierto y posibles reclamaciones
La publicación del dato ha generado debate jurídico. Algunos expertos cuestionan la validez metodológica del cálculo y se plantea incluso la posibilidad de acciones legales. Riera apuntó a valorar una demanda colectiva contra el INE si no se revisa la cifra. "Lo dejo encima de la mesa. Quizá sea momento de actuar", concluyó.
Mientras se espera confirmación definitiva del índice oficial que regirá la actualización de 2026, la preocupación se extiende entre organizaciones de pensionistas, que reclaman garantías de que no perderán poder adquisitivo frente al incremento del coste de vida.
