La liberación de Dahud Hanid Ortiz, condenado por el triple asesinato en un despacho de abogados en el barrio madrileño de Usera en 2016, ha provocado una ola de indignación entre las familias de las víctimas. El exmarine estadounidense fue excarcelado en un canje entre Venezuela y Estados Unidos, una operación diplomática que contó con la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según reconoció públicamente el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Entre los liberados se encontraba Ortiz, quien fue detenido en 2018 en Venezuela tras años prófugo. Fue condenado a 30 años de prisión por matar a tres personas inocentes en un ataque motivado por los celos, al no encontrar en el despacho a su objetivo inicial, el abogado Víctor Joel Salas.
Un crimen brutal que marcó a Usera
El crimen ocurrió el 22 de junio de 2016. Dahud Hanid Ortiz, que vivía en Alemania, viajó a Madrid convencido de que el abogado Salas mantenía una relación con su esposa. Al no hallarlo en su despacho en el barrio de Usera, asesinó a las dos empleadas del bufete, Elisa Consuegra y Maritza Osorio, ambas de nacionalidad cubana, y a un cliente que esperaba en la oficina, Pepe Castillo, ecuatoriano. Después, prendió fuego al local y huyó del país, siendo arrestado dos años después en Caracas.
El caso fue juzgado en España, donde fue declarado culpable y sentenciado a la pena máxima posible, considerada como un símbolo de justicia para las familias afectadas.
Las familias, “desinformadas y desamparadas”
Ahora, la noticia de su puesta en libertad como parte de un acuerdo diplomático ha caído como un jarro de agua fría entre los familiares de las víctimas. Juan Carlos Consuegra, padre de Elisa Consuegra, una de las mujeres asesinadas, ha denunciado en declaraciones a Telemadrid que nadie del Gobierno español ni del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha puesto en contacto con ellos para informarles de lo ocurrido.
“El asesino de mi hija no es un preso político. Es un triple homicida que actuó con premeditación. Su excarcelación es una vergüenza, una muestra de que cuando la política infecta al Derecho, todo es posible”, ha lamentado Consuegra.
Zapatero, señalado por mediar en el acuerdo
La liberación de Ortiz ha suscitado además controversia política en España. El papel de mediador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido confirmado por el propio Nicolás Maduro, quien agradeció públicamente su intervención en el intercambio de presos entre su Gobierno y el de Estados Unidos. En total, Caracas liberó a diez ciudadanos estadounidenses y a varios presos políticos venezolanos, mientras EE.UU. facilitó el regreso de 252 venezolanos detenidos en El Salvador.
Sin embargo, la presencia de Dahud Hanid Ortiz entre los beneficiados del acuerdo ha generado una fuerte reacción pública, ya que su liberación no estaba motivada por causas humanitarias ni políticas.
Petición de garantías: “Que no pise suelo español”
Los familiares y allegados de las víctimas exigen ahora a las autoridades españolas que impidan el regreso de Ortiz a España, y que se garantice que cumpla íntegramente su condena en Estados Unidos. Según ha trascendido, el exmarine se encuentra retenido en territorio estadounidense, y las familias temen que pueda quedar libre en poco tiempo o incluso regresar a Europa.
“Lo que nos duele no es solo la liberación, sino el silencio institucional, la ausencia de sensibilidad hacia quienes perdimos a nuestros seres queridos de forma tan cruel”, han denunciado desde el entorno de las víctimas.
Críticas al uso político de la justicia
El caso ha abierto también un debate sobre los límites de la diplomacia internacional en casos de delitos graves, especialmente cuando hay víctimas directas que reclaman justicia. Las familias consideran que se ha producido una grave falta de respeto al Estado de Derecho y una utilización política de la justicia penal.
El Gobierno de España, por el momento, no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, pese a las crecientes presiones de la opinión pública y de partidos de la oposición que exigen explicaciones y responsabilidades.
La incertidumbre sobre el destino de Dahud Hanid Ortiz continúa, mientras las familias reclaman que se respete la sentencia dictada por los tribunales españoles y que la memoria de las víctimas no quede en el olvido por razones diplomáticas.
