La Comunidad de Madrid ha expresado su oposición al actual sistema de reparto de menores inmigrantes no acompañados entre comunidades autónomas, calificándolo de medida insuficiente y lesiva para las competencias regionales. En una declaración contundente, el portavoz del Gobierno madrileño ha señalado que esta política “no resuelve el problema estructural” de la migración y ha instado al Ejecutivo central a adoptar un enfoque más integral y coordinado.
El rechazo se produce en el contexto del traslado de 250 menores solicitantes de asilo al centro Canarias50, una operación enmarcada dentro del plan estatal de redistribución, que busca aliviar la presión migratoria en las islas. Sin embargo, desde el Gobierno autonómico se ha criticado que el único criterio de actuación del Ejecutivo nacional sea la derivación de menores, sin un marco previo de cooperación o consenso con las regiones.
Acusan al Gobierno de “caos migratorio”
El portavoz regional ha acusado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “generar un caos migratorio”, al implementar medidas de carácter reactivo y unilateral. “No basta con repartir entre comunidades autónomas a menores que han llegado a nuestras costas en circunstancias dramáticas, mientras se obvia la raíz del problema”, ha afirmado. En este sentido, la Comunidad de Madrid ha pedido al Estado más rigor en los controles fronterizos y el diseño de políticas migratorias que incluyan acuerdos de cooperación con los países de origen.
Defensa de las competencias autonómicas
El Ejecutivo madrileño ha recordado que la acogida y atención a menores inmigrantes implica un gran esfuerzo logístico, económico y social, y ha insistido en que el actual modelo invade competencias autonómicas sin garantizar recursos ni planes de seguimiento adecuados. “No podemos aceptar que se nos imponga la recepción de menores sin planificación, sin financiación y sin criterios de proporcionalidad”, han manifestado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
Petición de medidas estructurales
Madrid exige al Gobierno central que convoque una mesa de trabajo interterritorial para redefinir la gestión migratoria con un enfoque preventivo. Entre las propuestas planteadas por la región se incluye el refuerzo de los sistemas de protección en origen, el establecimiento de corredores seguros y controlados, y la creación de infraestructuras nacionales especializadas en la acogida y evaluación de menores migrantes.
Asimismo, desde el Ejecutivo regional se ha remarcado la necesidad de “invertir en integración real” y no limitarse a derivar a los menores a los sistemas autonómicos de protección infantil, ya de por sí tensionados en muchas regiones.
Un debate con implicaciones nacionales
La postura de la Comunidad de Madrid se suma a las críticas expresadas por otras autonomías gobernadas por partidos distintos al PSOE, que ven con preocupación la falta de coordinación y transparencia en la estrategia migratoria del Estado. El debate en torno a la redistribución de menores no acompañados vuelve así al primer plano político, en un momento en que España afronta una intensificación de los flujos migratorios por mar y un aumento en la llegada de solicitantes de asilo.
Mientras tanto, el Gobierno central insiste en la solidaridad entre regiones como base de su política migratoria, aunque reconoce la necesidad de revisar los mecanismos actuales para mejorar su eficacia y sostenibilidad.
La discusión queda abierta de cara al próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde se prevé que el tema vuelva a ser uno de los puntos más polémicos del orden del día.
