El Banco de España ha reducido su cartera de deuda pública española en más de 30.000 millones de euros en los últimos doce meses, en el marco de su estrategia para retirar estímulos monetarios y contener la inflación. Según los últimos datos del Tesoro Público, correspondientes a marzo de este año, la institución ha vendido 31.000 millones de euros en bonos estatales, elevando así la presión sobre el mercado financiero y sobre el propio Estado.
El movimiento se enmarca en la política del Banco Central Europeo (BCE), que desde mediados de 2022 comenzó a reducir gradualmente su balance, revirtiendo el histórico programa de compras masivas de deuda que desplegó entre 2020 y 2022, durante la pandemia. En aquel periodo, el BCE llegó a adquirir más de 420.000 millones de euros en deuda española, que ahora comienza a retornar al mercado.
Además, el Banco de España ha confirmado que prevé desprenderse de otros 40.000 millones antes de que finalice el año, lo que sitúa el total de títulos desinversionados en más de 70.000 millones en apenas dos ejercicios.
Impacto financiero: tipos más altos y deuda más cara
Una de las principales consecuencias de esta estrategia es que el Tesoro deberá recurrir a nuevos compradores para refinanciar la deuda que el BCE ya no renueva. Y lo hará en un contexto en el que el tipo medio de interés ha pasado del 0% al entorno del 3%, lo que implica un incremento de costes financieros para el Estado superior a 2.000 millones de euros solo por este volumen de operaciones.
Además, al perder un comprador tan relevante como el BCE, el Estado español deberá emitir deuda a precios menos ventajosos, en un mercado más competitivo y con menor margen de maniobra. El resultado es un coste de financiación creciente que tensiona las cuentas públicas y limita la capacidad de actuación del Gobierno.
La banca española, principal comprador
Frente a la salida del BCE, la banca española ha asumido el protagonismo como principal compradora de deuda pública, incrementando sus tenencias en más de 31.000 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 17,8% en el último año. Según fuentes del sector, este movimiento responde tanto a incentivos del Gobierno como a una estrategia de rentabilidad: los bonos del Tesoro ofrecen hoy tipos atractivos y un riesgo percibido bajo.
Sin embargo, este desplazamiento de la banca hacia la deuda pública tiene efectos colaterales preocupantes. Al destinar más recursos a la compra de deuda soberana, se reduce el capital disponible para conceder préstamos a familias y empresas, lo que puede restringir el crédito al consumo y la inversión productiva.
Cambios en el mapa de tenedores de deuda
El informe del Tesoro también revela que los inversores no residentes han incrementado sus posiciones, controlando ya casi el 45% del total de deuda emitida. En cambio, otros actores como fondos de inversión, empresas y particulares han reducido su exposición, lo que evidencia una creciente concentración de la deuda en manos de entidades institucionales y extranjeras.
Riesgos estructurales para la economía
Este nuevo equilibrio genera riesgos estructurales para la economía española. Por un lado, la dependencia del capital extranjero hace más vulnerable al Estado ante los vaivenes del mercado global y la geopolítica. Por otro, el menor acceso al crédito para el sector privado puede frenar el consumo interno y la inversión, justo en un momento en que el crecimiento económico muestra signos de ralentización.
Además, la retirada del BCE reduce el margen de actuación del propio banco central ante futuras crisis. Si se produce una nueva recesión, el BCE tendrá menos espacio para volver a comprar deuda, ya que su balance estaría más expuesto a tensiones inflacionarias.
Un cambio de ciclo económico
La decisión del Banco de España de reducir su balance no es solo una cuestión técnica: marca un cambio de ciclo. Tras años de política monetaria expansiva, los bancos centrales de la eurozona entran ahora en una fase de normalización que, aunque necesaria para contener la inflación, plantea desafíos fiscales y económicos de gran calado.
En este contexto, el Gobierno español deberá gestionar con prudencia el endeudamiento, buscar alternativas de financiación más sostenibles y diseñar políticas económicas que no dependan exclusivamente del crédito público. Lo contrario supondría una mayor fragilidad del sistema ante cualquier sacudida externa o interna.
La reducción de deuda en manos del Banco de España es, en definitiva, una señal clara de que la era del dinero barato ha terminado. Y el coste real de esa transición —en intereses, crédito, inversión y crecimiento— apenas comienza a notarse.
