El evento "Venezuela, Memoria y Justicia", celebrado este martes en Madrid en la Sala Europa, del Parlamento Europeo , reunió a destacados dirigentes de la oposición venezolana, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos para denunciar la represión sistemática del régimen de Nicolás Maduro. La jornada, organizada con el apoyo de eurodiputados del Parlamento Europeo, sirvió como plataforma para exigir a la comunidad internacional una respuesta firme frente a las violaciones de derechos humanos en el país caribeño.
Entre los asistentes se encontraba el presidente electo Edmundo González Urrutia, quien calificó de "dramática" la situación actual de Venezuela y pidió a las democracias del mundo que "no normalicen al régimen de Maduro". González subrayó que “cada día cuenta, porque el dolor de las víctimas no puede esperar”.
También participó, mediante un mensaje grabado, la líder opositora María Corina Machado, quien recordó que 927 presos políticos siguen detenidos en condiciones precarias, muchos sin juicio ni garantías procesales.
Testimonios de víctimas
El acto incluyó testimonios de familiares de personas perseguidas por motivos políticos. María Constanza Cipriani, esposa del abogado y preso político Perkins Rocha, denunció las desapariciones forzadas, el aislamiento prolongado y las torturas aplicadas en centros de detención venezolanos. Zairán Rivas, pareja del exconcejal Jesús Armas, relató cómo su familia fue víctima de intimidación constante por parte de los servicios de inteligencia.
Especial relevancia tuvo la intervención de Raúl Baduel, hijo del fallecido general Raúl Isaías Baduel, quien afirmó que el gobierno de Maduro ha adoptado prácticas de Sippenhaft —represalias colectivas contra familiares de opositores—, en una estrategia de terror y disuasión política.
Pedro Urruchurtu: “El régimen convirtió una embajada en un centro de tortura”
Uno de los testimonios más impactantes fue el del dirigente Pedro Urruchurtu, quien relató su experiencia durante los más de 400 días de asilo forzado en la embajada argentina en Caracas, convertido —según sus palabras— en un lugar de asedio y tortura psicológica:
“Nunca imaginamos que entrar a una embajada se podía convertir en una experiencia carcelaria. El régimen hizo de ese recinto diplomático un centro de tortura, con vigilancia permanente, cortes de agua y electricidad, aislamiento, amenazas y humillaciones. Lo que debía ser un refugio se convirtió en un castigo ejemplarizante.”
Urruchurtu denunció la “diplomacia de rehenes” impuesta por Maduro, que ha utilizado sedes diplomáticas y presos políticos como fichas de canje y herramientas de control:
“El régimen mató el asilo diplomático en Caracas, frente a los ojos del mundo. Y lo hizo como parte de un modelo criminal no convencional. Por eso solo soluciones no convencionales podrán detenerlo.”
El activista pidió a la comunidad internacional no normalizar la situación venezolana y actuar con decisión:
“El derecho internacional falló en nuestro caso. Estamos aquí a pesar del sistema. Por eso tenemos que insistir en debilitar el aparato represivo del régimen, para liberar a quienes aún están secuestrados. La diplomacia tiene que ser valiente. No puede guardar silencio”.
Informe de Human Rights Watch
Martina Rápido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch, presentó el informe "Castigados por buscar un cambio", que documenta 24 asesinatos, más de 2.000 detenciones arbitrarias y el uso de colectivos armados como mecanismos de represión tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
El documento denuncia la complicidad de organismos estatales en crímenes graves, incluyendo el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, presuntamente con participación de agentes venezolanos.
Críticas a la pasividad europea
Durante el evento, los eurodiputados Antonio López-Istúriz (PPE) y Jorge Martín Frías (ECR) criticaron duramente la inacción de la Unión Europea ante la crisis venezolana. Martín Frías denunció que la Comisión Europea ha destinado 443 millones de euros a Venezuela sin trazabilidad, y pidió condicionar cualquier tipo de financiación a una auditoría rigurosa.
Ambos parlamentarios coincidieron en la necesidad de reforzar las sanciones y mecanismos de presión internacional, así como priorizar la justicia y la memoria histórica para evitar la impunidad.
Un régimen no normalizable
Los participantes reiteraron su compromiso con la búsqueda de justicia para las víctimas y exhortaron a los organismos internacionales a actuar con decisión ante la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país.
