La decisión del Ayuntamiento de Madrid de prorrogar 12 meses el periodo de avisos para multar a los vehículos empadronados sin etiqueta ambiental que circulen por la ciudad en 2025 ha provocado duras críticas por parte de la oposición municipal. Tanto el PSOE como Más Madrid han rechazado la medida, calificándola de "cobarde" y "trilera".
Críticas de Más Madrid
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acusó al Consistorio de "mirar a Vox por el retrovisor" en lugar de avanzar en políticas de sostenibilidad. Señaló que Madrid "es la ciudad española con más muertes por contaminación" y advirtió que no se puede "permitir el lujo de dejar de aplicar medidas que protejan la salud de toda la población". Maestre instó al Ayuntamiento a priorizar políticas ambiciosas que sigan el ejemplo de otras ciudades europeas.
Postura del PSOE
Por su parte, Ignacio Benito, concejal del PSOE, fue aún más contundente, acusando al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida de "hacer trampas al solitario". Benito criticó la falta de coherencia en las medidas y lamentó que aquellos madrileños que han cumplido con las restricciones se sientan "estafados" al ver cómo se otorga una "moratoria de facto" a quienes no han adaptado sus vehículos.
El edil socialista también ironizó sobre el momento del anuncio: "Un poco más y nos lo dan en mitad de las campanadas". Exigió además que el Ayuntamiento garantice ayudas económicas suficientes y una red de puntos de recarga que permita avanzar hacia la electrificación del parque automovilístico.
El trasfondo de la decisión
La medida anunciada por el Ayuntamiento permitirá a los vehículos sin etiqueta ambiental, siempre que estén empadronados en la capital, seguir circulando hasta el 31 de diciembre de 2025. Inicialmente, el plan contemplaba prohibir completamente el acceso de estos vehículos a partir del 1 de enero de 2025, sin excepciones para residentes.
El cambio, según el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, responde a una mejora en la calidad del aire, aunque la oposición considera que es una medida que beneficia más a intereses políticos que a la sostenibilidad y la salud pública.
