La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha acordado la continuación por procedimiento abreviado contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, relacionados con los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. El procesamiento implica que la causa ha concluido su fase de instrucción y se abre la puerta a la celebración de un juicio oral.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, González Amador habría defraudado más de 350.000 euros al fisco a través de una operativa empresarial que incluía la utilización de sociedades instrumentales y facturas falsas, con el fin de reducir artificialmente la cuota del Impuesto de Sociedades. La magistrada ha dado traslado del procedimiento a las partes, incluidos PSOE y Más Madrid como acusaciones populares, para que formulen sus escritos de acusación o soliciten el archivo de la causa.
Un esquema de doble sociedad y simulación de servicios
El núcleo de la investigación se basa en un informe de la Agencia Tributaria, según el cual González Amador utilizó una empresa instrumental, Masterman Whitaker, para simular la prestación de servicios que en realidad fueron realizados por otra sociedad suya, Maxwell Cremona SL, lo que permitió desplazar ingresos reales a una empresa sin medios materiales ni personales para ejecutarlos.
Además, el empresario presentó gastos falsos con facturas simuladas emitidas por otras sociedades, lo que habría permitido reducir sus beneficios contables y fiscales. Parte de esos gastos, según la acusación, no correspondían a servicios efectivamente prestados.
La jueza destaca que González Amador, como socio único y administrador de ambas mercantiles, tenía control pleno sobre la operativa y los fondos, permitiéndose no solo ocultar ingresos reales, sino también crear bases imponibles negativas artificiales para ejercicios futuros.
Defensa sin diligencias y silencio ante la jueza
El investigado, que se acogió a su derecho a no declarar el pasado febrero, ha criticado a través de su defensa que durante la instrucción no se le haya permitido "practicar ni una sola diligencia". El proceso se inició a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal.
Reacciones políticas: oposición exige explicaciones, Vox pide prudencia
El procesamiento ha provocado un terremoto político. La oposición ha exigido a Isabel Díaz Ayuso explicaciones y disculpas públicas, cuestionando su relato de que se trataba únicamente de una "inspección fiscal" a un ciudadano particular.
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha señalado que “el conseguidor de Quirón va p’alante”, en referencia al papel de González Amador como presunto intermediario con la empresa sanitaria. También ha reaccionado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ha ironizado sobre “el terremoto” que habría causado el procesamiento en el entorno de la presidenta regional.
Desde el PSOE, tanto el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, como el secretario general del partido en la región, Óscar López, han sido tajantes al reclamar que Ayuso pida disculpas y deje de "tratar de engañar a la ciudadanía". Martín ha subrayado que el procesamiento desmonta la narrativa de “ciudadano particular” y “problema fiscal menor” sostenida por la presidenta.
Más moderada ha sido la reacción de Vox, que en boca de su portavoz parlamentaria, Isabel Pérez Moñino, ha instado a “esperar a una condena” y ha confiado en “el funcionamiento de la justicia”, rechazando “hacerle el juego a la izquierda”.
El PP cierra filas con Ayuso
Desde el Partido Popular, la defensa se ha centrado en desligar completamente el caso de la Comunidad de Madrid. El portavoz popular en Vallecas, Carlos Díaz-Pache, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar el aparato del Estado para perseguir a Ayuso y “tapar sus propios escándalos”. En su opinión, este proceso “no tiene nada que ver ni con dinero público ni con la gestión autonómica”.
Perspectiva judicial
La Fiscalía calcula que el fraude supera los 350.951 euros, cantidad que supera ampliamente el umbral de 120.000 euros a partir del cual se configura el delito fiscal. La jueza también considera que hay indicios sólidos de que se falsificaron documentos mercantiles con el propósito de engañar a Hacienda.
Ahora, las partes tienen un plazo para presentar sus escritos de acusación o solicitar el archivo. Si las acusaciones prosperan, se abrirá juicio oral contra Alberto González Amador, una figura cada vez más incómoda para la presidenta madrileña, en un momento en que la relación entre la política regional y la justicia parece tensarse aún más.
Este caso, que combina elementos de fiscalidad, falsedad documental y vínculos políticos, podría convertirse en uno de los procesos judiciales más mediáticos del año.
