Tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid enfrentan una segunda causa judicial por su gestión de las residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia. El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha citado como investigados a Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, todos ellos responsables sanitarios clave durante la crisis del Covid-19, por su presunta implicación en decisiones que podrían haber condicionado la atención médica a residentes en situación crítica.
La causa, que se centra en los fallecimientos en residencias de mayores durante la primera ola del coronavirus, se reabre tras la solicitud de la Fiscalía Provincial de Madrid y con el impulso de las asociaciones 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias, que llevan años denunciando la falta de atención hospitalaria a ancianos enfermos.
Carlos Mur, en aquel momento director general de coordinación sociosanitaria, fue quien firmó los protocolos de no derivación hospitalaria para mayores en residencias. Le sustituiría en mayo de 2020 Javier Martínez Peromingo, también citado, que previamente ejercía como geriatra responsable de 47 centros del área del Hospital de Móstoles. Pablo Busca, por su parte, era director gerente del SUMMA 112 y responsable de las ambulancias que, según las asociaciones, dejaron de acudir a recoger residentes enfermos por decisión de la Consejería de Sanidad.
La investigación también alcanza a María Jesús Molina, geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, implicada en la toma de decisiones sobre la derivación de pacientes.
Este procedimiento judicial es el segundo abierto en apenas una semana. El viernes anterior, otro juzgado madrileño citó también como investigados a Mur y Peromingo por la misma causa, aunque las declaraciones fueron aplazadas por defectos de forma en el traslado de las actuaciones. En esa primera investigación también figura Antonio Burgueño, asesor del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en las primeras semanas de la pandemia y autor del Plan de Choque contra la Pandemia.
En ambos procedimientos, se investiga la posible comisión de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal. El caso fue archivado en una primera fase pero fue reabierto por impulso de la Fiscalía tras nuevos indicios y presión de los familiares de víctimas.
Además de los investigados, el 3 de junio están citados como testigos el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien dimitió en mayo de 2020 tras mostrar su desacuerdo con los protocolos, así como Juan Abarca Cidón, presidente del grupo sanitario HM Hospitales, y el propio Antonio Burgueño.
Desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha restado importancia a la apertura de estas causas judiciales y ha señalado que, como en ocasiones anteriores, “volverán a ser archivadas”, aludiendo a más de 60 procedimientos previos que no prosperaron judicialmente. García ha criticado duramente a la oposición, acusándola de “retorcer el dolor” de las familias y de intentar “judicializar” la gestión del Ejecutivo autonómico para atacar políticamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La reapertura del caso devuelve al primer plano el debate sobre la gestión sanitaria durante la pandemia en residencias, donde murieron miles de mayores sin acceso a atención hospitalaria, en uno de los episodios más dramáticos de la crisis del coronavirus en España. La causa podría reabrir heridas entre las familias afectadas y plantear nuevas responsabilidades políticas y judiciales en la Comunidad de Madrid.
