El Ayuntamiento de Madrid ha detectado 119 direcciones duplicadas y 314 viviendas turísticas ya dadas de baja en el último listado remitido por el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy.
El informe, que recoge más de 3.500 publicaciones de pisos turísticos supuestamente ilegales en plataformas como Airbnb y Booking, ha sido analizado por el Área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Consistorio.
El análisis municipal señala que, de las 3.582 entradas recopiladas —1.216 de Airbnb y 2.366 de Booking—, 11 registros se ubican fuera del término municipal de Madrid, lo que refuerza las críticas del Ayuntamiento sobre la falta de precisión del documento. Además, 10 de las viviendas recogidas en el listado ya cuentan con licencia de funcionamiento, por lo que no se consideran ilegales según la normativa vigente.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado con dureza la actuación del Ministerio al remitir el informe antes a los medios de comunicación y al grupo político Más Madrid que al propio Ayuntamiento. “Es inadmisible que no se respete la colaboración institucional en un tema tan sensible como el de las viviendas de uso turístico en la ciudad”, expresó el regidor.
Segunda remesa de datos en tres meses
Esta es la segunda ocasión en apenas tres meses que el Ministerio de Consumo remite una lista de viviendas turísticas irregulares al Ayuntamiento. En la anterior, enviada en marzo, el Consistorio denunció que solo 1.308 de las 16.355 viviendas incluían una dirección postal completa. El resto —más de 15.000— eran enlaces web sin ubicación física verificable. Además, se detectaron 177 direcciones duplicadas, por lo que solo 1.131 entradas fueron consideradas válidas, de las cuales 433 ya habían sido inspeccionadas.
Sanciones de hasta 190.000 euros contra los pisos turísticos ilegales
Desde el Ayuntamiento aseguran que se mantiene la vigilancia sobre estas actividades no autorizadas y se están intensificando las inspecciones y sanciones para garantizar el cumplimiento normativo. Actualmente, las multas pueden alcanzar hasta 190.000 euros, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la infracción.
El Consistorio estima que existen cerca de 17.000 viviendas de uso turístico ilegal en la capital, un fenómeno que afecta directamente al equilibrio residencial, al encarecimiento del alquiler y a la convivencia en los barrios más saturados por este tipo de alojamientos.
Hacia una regulación más eficaz
El equipo de Gobierno municipal insiste en que es necesaria una coordinación real y eficaz entre administraciones para afrontar el fenómeno de los pisos turísticos desde un enfoque técnico, jurídico y urbano. “Lo que no puede hacerse es generar confusión pública con listados inexactos o desactualizados”, recalcan desde el área de Urbanismo.
El Ayuntamiento de Madrid continúa revisando el contenido del informe ministerial y prevé remitir una respuesta formal al Ministerio en los próximos días.
