La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado formalmente al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, su intervención para que cese de forma inmediata la actividad de la incineradora de Valdemingómez, ubicada en la planta de Las Lomas, hasta que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma adopten las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) que exige la normativa europea desde diciembre de 2023.
La FRAVM denuncia que la incineradora continúa operando con una Autorización Ambiental Integrada (AAI) caducada y que la Comunidad de Madrid aún no ha emitido una nueva autorización basada en las exigencias del Reglamento de Emisiones Industriales ni en la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2010 de la Comisión Europea.
Irregularidades graves e incumplimientos
En su escrito al Defensor del Pueblo, la Federación vecinal detalla nueve irregularidades que justificarían el cierre inmediato de la instalación. La más relevante, según exponen, es que año y medio después del plazo legal, las autoridades regionales no han actualizado la AAI conforme a las MTD de obligado cumplimiento.
Además, advierten de que la planta no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental adecuado ni con un Plan de Gestión de Accidentes, ambos exigidos por la normativa europea. En la documentación pública del proceso de revisión tampoco se ha incluido la comparación de emisiones con los valores de referencia, ni se han documentado correctamente las mediciones en continuo de contaminantes peligrosos como dioxinas, furanos o PCB similares.
Otro de los incumplimientos denunciados es la falta de un Certificado de Eficiencia Energética reglamentario y el hecho de que la incineradora funcionara casi dos años sin contrato con las empresas concesionarias, con el conocimiento del Ayuntamiento y la Comunidad.
Riesgo para la salud pública y el medio ambiente
La FRAVM alerta de que el mantenimiento de la actividad de la incineradora supone una vulneración del principio de prevención y del derecho de la ciudadanía a la salud y a un entorno seguro y limpio, tal y como reconoce el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Diversos estudios científicos apuntan a los riesgos que las emisiones de Valdemingómez suponen para la población, especialmente la que vive en un radio inferior a 10 kilómetros. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Madrid planea alargar su vida útil hasta 2035, muy por encima del compromiso adoptado en 2019 bajo el mandato de Manuela Carmena, que preveía su cierre en 2025.
Tratamiento privilegiado a las concesionarias
La FRAVM denuncia un trato "privilegiado" hacia las empresas concesionarias que explotan la planta, en detrimento de la protección de los vecinos y del medio ambiente. “Todo lo relativo a la Incineradora de Valdemingómez disfruta de un tratamiento oficial favorable hacia las empresas, mientras se desatiende la seguridad de las personas y el entorno natural”, señala la organización vecinal.
Movilización ciudadana en defensa del cierre
Desde enero, vecinos de barrios afectados por las emisiones y colectivos ecologistas han celebrado tres movilizaciones y varias campañas de denuncia y sensibilización pública, con el objetivo de lograr el cierre definitivo de la planta.
La FRAVM asegura que no cesará en sus acciones hasta conseguir el cumplimiento del calendario de cierre prometido por el Consistorio madrileño y el cumplimiento estricto de la legislación ambiental europea.
