Las asociaciones de víctimas Pladigmare y 7.291 Verdad y Justicia han rendido este domingo un emotivo homenaje a las personas fallecidas en residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19. El acto, celebrado en la plaza Juan Goytisolo, ha reunido a más de 700 asistentes según la Delegación del Gobierno y ha servido para exigir justicia, reparación y verdad sobre lo sucedido durante la primera ola de la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid.
Durante el evento, familiares y activistas denunciaron lo que consideran una discriminación sistemática basada en edadismo, discapacidad o dependencia, amparada en los denominados “protocolos de la vergüenza”, que limitaron la derivación de residentes a hospitales. Estos documentos, firmados en marzo de 2020 por el entonces director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, están actualmente bajo investigación judicial por un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.
Carmen Ruiz Mesa, portavoz de Pladigmare, subrayó que “llevamos ya cinco años buscando justicia y reparación”. Por su parte, María Jesús Valero, de 7.291 Verdad y Justicia, afirmó que “murieron de forma indigna y cruel por una decisión política” y pidió que se esclarezca lo ocurrido. “Se intentó ocultar la verdad. Necesitamos que se investigue y que esto no vuelva a repetirse”, enfatizó.
En el acto también participaron representantes de asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia, estableciendo un paralelismo con las residencias: “Hay un patrón común: abandono institucional, negación y desprecio a las víctimas”, sostuvieron.
Apoyo político y exigencias de responsabilidades
El homenaje contó con el respaldo de líderes políticos de la oposición regional y municipal. Óscar López, secretario general del PSOE-M, garantizó que su partido apoyará “hasta el final” a los familiares de las víctimas. “Hay causas abiertas y vamos a llegar hasta el final. El gobierno de Ayuso tendrá que rendir cuentas”, aseguró, además de reiterar su petición del cese de Juan Vicente Bonilla, exagente de la UCO y asesor de la Comunidad de Madrid.
Ana Lima, concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid, insistió en la necesidad de reconocer la dignidad de las víctimas y cambiar un modelo de atención basado en la colaboración público-privada. “Seguimos viendo centros con comida deplorable, ratios de profesionales insuficientes y condiciones laborales precarias. No ha habido una lección aprendida”, denunció.
Desde Más Madrid, Manuela Bergerot y Rita Maestre también expresaron su respaldo a los familiares. “Queremos saber si los ideólogos de los protocolos van a asumir su responsabilidad”, dijo Bergerot, mientras que Maestre afirmó que “la verdad y la justicia se abrirán paso gracias al tesón de los familiares”.
Investigación judicial en curso
La investigación sobre la gestión de las residencias ha dado un giro en las últimas semanas con la citación de tres exaltos cargos del Gobierno regional como investigados: Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, así como del exasesor sanitario Antonio Burgueño. También declararán como testigos el próximo 3 de junio el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, muy crítico desde su dimisión en mayo de 2020, y otros cuatro responsables.
Las asociaciones consideran que estos responsables fueron pieza clave en la ejecución de un plan que impidió el traslado hospitalario de miles de mayores, muchos de los cuales murieron sin atención médica adecuada.
Con este homenaje, los familiares reiteran su compromiso de mantener viva la memoria de las víctimas y seguir exigiendo un cambio estructural en el modelo de atención a las personas mayores: “Sin memoria, no hay justicia social”, concluyó Ana Lima.
