La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado una grave irregularidad en la nueva propuesta de estructura de costes del contrato de concesión de servicios para el tratamiento de residuos en la incineradora de Las Lomas, en Valdemingómez. Según la organización, el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, ha camuflado una gran obra de rehabilitación de la planta dentro del contrato de prestación de servicios, eludiendo así el procedimiento legal que requeriría un proyecto y una licitación específicos.
En concreto, la FRAVM advierte que el Consistorio pretende invertir 105 millones de euros en la modernización de esta instalación —considerada obsoleta y altamente contaminante—, una cifra que aparece ahora como una partida anual de 7 millones de euros durante los 15 años que durará el contrato. Esta inclusión no figuraba de forma clara en la versión anterior del documento, presentada en diciembre de 2024, y ha salido a la luz tras las alegaciones presentadas por la propia FRAVM el pasado mes de enero.
Obras encubiertas en un contrato de servicios
La federación vecinal denuncia que ni el título ni el objeto del contrato hacen referencia a una rehabilitación de planta, sino únicamente a la prestación de servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante incineración. En su nuevo análisis, la FRAVM concluye que la partida de inversiones no se refiere a una serie de actuaciones concretas previamente planificadas, sino que deja en manos del concesionario privado la facultad de decidir qué obras realizar para alcanzar los objetivos contractuales.
Esto implica, según advierten, que el adjudicatario adelantará el coste de la rehabilitación y el Ayuntamiento lo devolverá a plazos, diluyendo así en el tiempo una inversión que debería haberse sometido a evaluación pública y tramitación independiente.
“Es como si un Ayuntamiento incluyese en un contrato para organizar talleres culturales la rehabilitación completa del edificio donde se impartirán. No tiene sentido ni legal ni administrativo”, explica la FRAVM.
Funcionamiento con la autorización ambiental caducada
La situación se agrava con otro dato clave: la incineradora de Las Lomas opera actualmente con su Autorización Ambiental Integrada (AAI) caducada desde diciembre de 2023. La planta lleva más de cinco años y medio fuera de normativa europea, según denuncia la federación, sin que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid hayan tomado medidas para subsanar esta ilegalidad.
La FRAVM considera que la inclusión de estas inversiones responde precisamente a la necesidad de adaptar la planta a los estándares europeos vigentes, establecidos en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) fijadas por la UE en 2019. “Pero se ha hecho a través de un mecanismo absolutamente irregular y opaco”, insisten.
Riesgo para la salud y el medio ambiente
Las entidades vecinales llevan años exigiendo el cierre definitivo de la incineradora, que consideran perjudicial para la salud pública y el entorno. Desde la Mesa por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez, en la que participan la FRAVM y otras organizaciones ecologistas, se recuerda que la planta debería clausurarse antes de que acabe 2025, y no alargar su vida útil mediante una rehabilitación encubierta.
La propuesta del Consistorio madrileño implicaría prorrogar el funcionamiento de la incineradora al menos hasta 2040, lo que contradice las políticas de economía circular y reducción de residuos impulsadas por la Unión Europea.
Además, la FRAVM denuncia que el nuevo contrato contempla un incremento del gasto de personal del 37% respecto a la versión anterior, con un sobrecoste global del 11,96%. En estas condiciones, rechazan que el Ayuntamiento firme un contrato a 15 años, aludiendo al principio de no hipotecar la acción de gobiernos futuros con compromisos de larga duración.
Exigen la retirada del contrato y mayor transparencia
En sus alegaciones, presentadas ayer, la FRAVM exige que el Ayuntamiento elimine del contrato toda referencia a inversiones que no estén relacionadas estrictamente con la prestación de servicios. También solicita que se paralice la tramitación del contrato mientras la AAI esté caducada, y que se convoque una consulta pública y transparente sobre el futuro de la planta de Las Lomas.
“Lo que está en juego es la salud de miles de vecinos y vecinas del entorno de Valdemingómez, así como el cumplimiento de la legislación ambiental europea”, concluyen desde la federación.
El periodo de información pública del nuevo contrato finaliza este viernes 11 de julio, tras lo cual el Ayuntamiento podría iniciar los trámites de adjudicación si no se atienden las alegaciones presentadas por la ciudadanía organizada.
