La defensa de Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, ha solicitado al Tribunal Supremo que reclame todos los correos electrónicos y comunicaciones intercambiados entre los abogados de Alberto González Amador, y los representantes de la Fiscalía Provincial de Madrid y de la Abogacía del Estado. Esta petición se enmarca dentro de la investigación que afecta tanto a Rodríguez como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
Según el escrito presentado por la defensa, el objetivo es determinar si la difusión de ciertos correos electrónicos, especialmente los de febrero y marzo de 2024, pudo afectar negativamente a las negociaciones entre la defensa de González Amador y el Ministerio Público para alcanzar un acuerdo de conformidad en el procedimiento por delitos fiscales.
La controversia se originó en torno a un comunicado emitido por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en respuesta a una información publicada por el diario El Mundo, que aseguraba que había sido el Ministerio Fiscal quien había ofrecido un pacto al investigado. La nota aclaratoria reveló parte de los intercambios entre las partes para desmentir ese extremo, lo que provocó acusaciones de vulneración del derecho a la defensa y de revelación de información sensible.
Durante su declaración como testigo el pasado 27 de mayo, el abogado Carlos Neira, representante legal de González Amador, confirmó que existían más correos electrónicos enviados a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado tanto previos como posteriores al 14 de marzo, incluyendo uno del 12 de marzo, en el que proponía que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo.
El nuevo abogado de Rodríguez, Daniel Campos, solicita que el magistrado instructor de la causa, Ángel Hurtado, reclame a la decana de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y a la jefa de la sección penal de la Abogacía del Estado que remitan todas las comunicaciones electrónicas, escritos o mensajes mantenidos con los abogados del novio de Ayuso. El objetivo es esclarecer si la publicación de dichos correos interfirió en la negociación de una conformidad entre las partes.
La defensa propone que, antes de incorporarse al procedimiento judicial, se dé traslado del contenido de los correos a los representantes de González Amador para que puedan solicitar la exclusión de fragmentos que pudieran vulnerar su derecho de defensa o que deban mantenerse reservados por otras causas.
Este nuevo movimiento se suma a la causa abierta en el Supremo, en la que se investiga si existió una filtración indebida de información por parte del Ministerio Público en el contexto de un proceso judicial altamente politizado, dadas las implicaciones que tiene para la presidenta madrileña y su entorno.
La causa sigue abierta mientras se suceden las peticiones de prueba y los posicionamientos de las distintas partes, en un escenario judicial que pone en entredicho la relación entre instituciones judiciales y la política autonómica en un caso de gran repercusión pública.
