La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con creciente presencia en el sector privado, ha reclamado al Gobierno la promoción urgente de un pacto de Estado contra la corrupción. La organización propone un ambicioso paquete de medidas centrado en despolitizar la función pública, fortalecer las instituciones y reforzar la figura del empleado público profesional e independiente.
La propuesta nace en un contexto marcado por nuevos escándalos de corrupción política que, según CSIF, “afectan gravemente a la confianza ciudadana y al buen funcionamiento de lo público”. Para ello, el sindicato exige un modelo de administración basado exclusivamente en el mérito y la capacidad, que evite injerencias partidistas en el acceso y gestión de puestos clave.
Menos cargos “a dedo” y más concursos públicos
CSIF propone reducir drásticamente el sistema de libre designación en la Administración, especialmente en puestos de alta responsabilidad hasta el nivel de director general. En su lugar, plantea concursos públicos regulados por criterios objetivos de mérito, experiencia y capacidad, con el fin de erradicar el clientelismo y garantizar la profesionalidad en la gestión pública.
Asimismo, solicita la creación de un cuerpo directivo profesional dentro de la función pública, formado por funcionarios de carrera con acreditada trayectoria, y limitar al máximo el uso de asesores y personal eventual designado por afinidad política.
Transparencia real y control anticorrupción público
El sindicato apuesta por un protocolo anticorrupción bajo control del personal público, sin interferencias políticas, que supervise e investigue irregularidades de forma independiente. Este protocolo se complementaría con una transparencia administrativa real, que asegure el acceso a bolsas de empleo, concursos de traslados, gratificaciones y todos los procesos de selección, eliminando así la opacidad.
Entre las propuestas destaca también la reducción del número de asesores políticos en la Administración, que deberían ser sustituidos por funcionarios especializados con formación técnica y experiencia contrastada.
Reforzar la Justicia y Hacienda para combatir la corrupción
Otro eje fundamental del plan de CSIF es el fortalecimiento del sistema judicial y fiscalizador del Estado. En concreto, reclama más medios y personal para la administración de Justicia y para las carreras judicial y fiscal, junto con una mejora integral de las condiciones laborales, infraestructuras y recursos tecnológicos.
En el ámbito tributario, el sindicato exige el refuerzo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), especialmente en las unidades encargadas de investigar fraude fiscal, blanqueo de capitales y economía sumergida. Denuncia que estas competencias, pese a ser reconocidas, no están siendo aprovechadas ni reforzadas, lo que ha provocado un deterioro progresivo en los medios humanos y materiales.
Una Policía Fiscal para investigar las grandes fortunas
CSIF reitera su propuesta de crear una Policía Fiscal, proyecto que lleva cinco años defendiendo, con competencias específicas para rastrear ganancias patrimoniales no justificadas y reforzar las capacidades inspectoras del Estado. Este cuerpo estaría integrado por personal público cualificado con autoridad para actuar en los delitos económicos más complejos.
El sindicato también plantea un aumento de las penas por malversación de fondos públicos, como medida disuasoria y de ejemplaridad ante la corrupción institucional.
Blindar la independencia del funcionario
Finalmente, CSIF pide blindar la independencia de los empleados públicos, especialmente de aquellos que desempeñan funciones clave para el control y vigilancia de la legalidad. Considera imprescindible dotarles de seguridad jurídica, estabilidad y respaldo para que puedan ejercer su labor sin presiones políticas o partidistas.
El sindicato considera que, de aplicarse este conjunto de medidas, España podría avanzar hacia un modelo institucional más transparente, profesional y eficaz, alineado con los principios de integridad y eficiencia del sector público en Europa.
“Los funcionarios deben ser la garantía de imparcialidad en el funcionamiento del Estado. Es momento de actuar con valentía y reformar de verdad la estructura administrativa para hacerla más sólida y ajena a las luchas partidistas”, concluyen desde CSIF.
