La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid por la aprobación de un plan estratégico de subvenciones que otorga 3 millones de euros de forma directa a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y a la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE). El recurso ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La impugnación se dirige contra la Orden de 13 de marzo de 2025 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que contempla la concesión directa de ayudas a estas dos entidades para labores de asesoramiento a autónomos y jóvenes empresarios. Desde CONPYMES se argumenta que dicha concesión vulnera los principios de objetividad, igualdad y legalidad, al excluir de facto a otras organizaciones representativas del tejido empresarial, especialmente aquellas no vinculadas a la CEOE, de la que sí forman parte ATA y CEAJE.
“Esta subvención directa es contraria al interés público y excluye de forma injustificada a otras entidades representativas del empresariado español, como CONPYMES”, ha denunciado el presidente de la organización, José María Torres. A su juicio, se incumplen los principios que rigen la actuación de la Administración Pública, tal como recoge el artículo 103 de la Constitución Española, que exige someterse “plena y objetivamente a la ley y al derecho” y actuar bajo criterios de eficacia, coordinación e imparcialidad.
La organización ha recordado que esta no es la primera vez que se enfrenta judicialmente a este tipo de prácticas. En 2023, el Tribunal Supremo dio la razón a CONPYMES al anular el Real Decreto 1027/2022, que preveía la concesión directa de 30,6 millones de euros a CEOE-Cepyme y UGT para cursos de formación en digitalización. Entonces, el Alto Tribunal consideró que el procedimiento eludía injustificadamente el mecanismo de concurrencia pública exigido por la Ley General de Subvenciones, sentando un importante precedente sobre el reparto equitativo de fondos públicos.
En aquella sentencia, el Supremo subrayó que los “sindicatos de clase y la patronal tradicional no son los únicos interlocutores representativos”, por lo que no pueden ser los beneficiarios exclusivos de fondos públicos destinados al fomento del empleo, la formación o el asesoramiento empresarial.
Ahora, CONPYMES reclama que ese criterio se aplique también en el caso de Madrid, donde considera que el Ejecutivo regional incurre en una repetición de los mismos errores ya señalados por la Justicia. “No se han justificado razones excepcionales que impidan realizar una convocatoria pública, tal y como obliga la ley”, insisten desde la organización.
La admisión a trámite del recurso abre un nuevo frente judicial contra las subvenciones directas a entidades afines a la patronal tradicional, en un contexto de creciente debate sobre la representatividad real de las organizaciones empresariales y el papel de las pymes y autónomos en el diseño de las políticas públicas. Desde CONPYMES reiteran que su objetivo no es paralizar las ayudas, sino garantizar su acceso equitativo y “que todos los actores del tejido productivo tengan las mismas oportunidades”.
A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie, la entidad insiste en que continuará defendiendo los intereses de más de 2 millones de pymes y autónomos en España, “frente a cualquier intento de exclusión o privilegio injustificado en la gestión de los recursos públicos”.
