El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid trabaja en una reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de eventos multitudinarios, especialmente grandes conciertos y acontecimientos deportivos como el Gran Premio de Fórmula 1, previsto para septiembre de 2026 en Valdebebas.
La propuesta, impulsada por la Consejería de Interior que dirige Carlos Novillo, surge en un contexto de tensiones vecinales, litigios judiciales y exigencias administrativas que han marcado recientemente el panorama de los espectáculos extraordinarios en la región. Desde el Ejecutivo autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, se espera que la nueva normativa esté lista en 2026, dotando de mayor control y seguridad jurídica a este tipo de eventos que cada vez atraen a más público y generan un mayor impacto urbano.
La reforma se plantea tras la polémica generada por los altos niveles de ruido en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu, que obligaron a aplazar varias actuaciones previstas desde septiembre de 2024 y provocaron un efecto dominó en la planificación de espectáculos. Como consecuencia, muchos promotores decidieron trasladar sus eventos al Riyadh Air Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas, donde los vecinos también han comenzado a denunciar molestias acústicas, tomando el relevo en las protestas por el ruido.
En paralelo, el Gran Premio de Fórmula 1, uno de los proyectos estrella del Gobierno regional para la próxima década, se enfrenta a una creciente contestación social y judicial. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado de momento paralizar cautelarmente el proyecto tras una demanda presentada por Más Madrid, el evento no está exento de obstáculos. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha admitido a trámite diversas quejas ciudadanas relacionadas con ruidos y atascos, mientras que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha llegado a pedir que no se conceda la licencia para el circuito.
Estos desafíos han colocado al proyecto —conocido como Madring— en una fase crítica, no solo desde el punto de vista urbanístico y ambiental, sino también en términos de legitimidad social. Con la reforma de la LEPAR, el Ejecutivo madrileño aspira a prevenir conflictos futuros y dotar de una base legal más sólida a la organización de grandes eventos, equilibrando la actividad económica y el entretenimiento con el derecho al descanso de los ciudadanos.
La Comunidad de Madrid se sitúa así ante un delicado reto legislativo: compatibilizar el desarrollo de espectáculos de alto impacto con las garantías jurídicas y el respeto a los entornos residenciales, en una región cada vez más activa en la organización de eventos internacionales.
