Madrid volverá a convertirse el próximo sábado 10 de mayo en epicentro de la movilización política y social. La Plaza de Colón acogerá a partir de las 12:00 horas una gran concentración cívica promovida por 129 asociaciones de toda España que exigen la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria inmediata de elecciones generales.
La protesta, convocada bajo el lema “Por la dignidad de España: Sánchez dimisión, elecciones ya”, ha sido impulsada por la Plataforma por la España Constitucional, un movimiento ciudadano transversal que agrupa a colectivos, foros, fundaciones, juristas, antiguos parlamentarios y personalidades del ámbito académico y civil.
Un movimiento cívico creciente ante la “descomposición institucional”
La convocatoria se produce en un contexto de creciente tensión política y malestar ciudadano ante lo que los organizadores califican como “un deterioro inédito de la democracia en España”, con referencias explícitas a la ley de amnistía, la cesión de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, y la presión judicial sobre el entorno más cercano al presidente, en particular la apertura de diligencias contra Begoña Gómez.
En palabras del coordinador de la plataforma Iniciativa 2028, Carlos de Palma, uno de los portavoces de la protesta, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, y ese pueblo ya está harto de un modelo de poder ajeno a los intereses reales de los ciudadanos”.
Presencia institucional y respaldo de personalidades públicas
A la manifestación se han adherido organizaciones como NEOS, Foro España Cívica, Pie en Pared, De español a español por la Constitución, Foro Libertad y Alternativa, Convivencia Cívica Catalana, Unión 78 o Resiste España.
También está prevista la participación de destacadas personalidades públicas, como:
- Alejo Vidal-Quadras (expresidente del Parlamento Europeo)
- Marcos de Quinto (exdiputado y empresario)
- Ignacio Gordillo (exfiscal de la Audiencia Nacional)
- Luis del Pino, Carlos Cuesta o Albert Castillón, conocidos comunicadores de la esfera civil
Amalio de Marichalar, presidente del colectivo “De español a español por la Constitución”, quien recientemente ha declarado que “la movilización cívica es el último recurso ante una deriva institucional crítica”.
Una protesta sin color partidista, según los convocantes
La Plataforma por la España Constitucional ha insistido en que esta convocatoria no responde a partidos políticos ni a ideologías de izquierda, derecha o centro, sino que reivindica los valores constitucionales y democráticos como base de convivencia. No obstante, varios representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox han mostrado públicamente su apoyo a la manifestación.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha confirmado la presencia de miembros de su formación en la concentración, y ha declarado que “es imprescindible alzar la voz ante el deterioro institucional provocado por el sanchismo y sus socios”.
Antecedentes: del 20 de octubre a una nueva cita con la calle
Esta no es la primera convocatoria impulsada por la Plataforma. El 20 de octubre de 2024, más de un centenar de asociaciones se concentraron en la Plaza de Castilla en una manifestación similar. Según la Delegación del Gobierno, la asistencia rondó las 25.000 personas, mientras que los organizadores hablaron de más de 400.000. Aquella cita sirvió como catalizador de un nuevo ciclo de movilización ciudadana, según reconocen hoy los convocantes.
Seguridad y logística del 10 de mayo
La manifestación está comunicada legalmente y contará con presencia de dispositivos de seguridad coordinados por la Delegación del Gobierno en Madrid. Fuentes de la organización han señalado que el acto será pacífico, familiar y sin recorrido, limitándose a una concentración estática en Colón, con presencia de oradores, lectura de manifiestos y música en directo.
La Plataforma ha habilitado canales de transporte para facilitar la llegada de asistentes desde más de 30 provincias, con autobuses organizados desde Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Málaga o Alicante, entre otras ciudades.
Argumentos principales de la protesta: más allá del eslogan
La manifestación del 10 de mayo no se convoca únicamente como una expresión simbólica de descontento. Sus impulsores han articulado una serie de argumentos concretos que, según afirman, justifican la petición de dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones generales. Estos son los principales motivos esgrimidos:
1. Rechazo a la ley de amnistía y sus consecuencias institucionales
Uno de los detonantes centrales de la protesta es la tramitación de la ley de amnistía acordada por el Gobierno con los partidos independentistas catalanes. La norma, que afecta a responsables del procés y otras causas derivadas, es considerada por los organizadores como una “vulneración del principio de igualdad ante la ley” y una cesión “gravísima” del Estado ante intereses particulares.
Los convocantes denuncian que esta ley erosiona la separación de poderes, afecta al trabajo del Poder Judicial y supone “una deslegitimación del marco constitucional vigente”.
2. Desnaturalización del Parlamento y abuso del decreto ley
Desde la Plataforma por la España Constitucional también se critica el uso reiterado del decreto ley como herramienta de gobierno, lo que consideran un debilitamiento del debate parlamentario y de los contrapesos democráticos. A ello suman las críticas a la “instrumentalización de instituciones del Estado”, desde el CIS hasta RTVE, pasando por la Fiscalía General.
3. Corrupción institucional y opacidad política
Los casos judiciales abiertos, como el llamado caso Koldo, que afecta al entorno del exministro Ábalos, o las recientes diligencias contra Begoña Gómez, esposa del presidente, por presunta corrupción, se citan como ejemplos de un “modelo de gobierno ajeno a la ética pública y la transparencia”.
Para los organizadores, la permanencia de Sánchez en el cargo mientras se acumulan este tipo de escándalos debilita la confianza ciudadana en la democracia y la limpieza institucional.
4. Cesiones a partidos separatistas como “pago político”
Uno de los ejes argumentales más repetidos es la denuncia de las cesiones del Ejecutivo a formaciones independentistas, especialmente ERC y Junts, en materias como financiación autonómica, competencias de inmigración o eliminación de causas judiciales.
Para los convocantes, estas cesiones no responden a un proyecto de país, sino a “la necesidad de sostenerse en el poder a cualquier precio”. Alegan que se ha producido una “inversión de legitimidades”, donde “los que rompieron las reglas ahora las reescriben desde el Congreso”.
5. Deterioro de la convivencia política y judicialización de la crítica
También preocupa, según el manifiesto adelantado por la plataforma, “la criminalización del disenso”, con alusiones a intentos de señalar a jueces, medios de comunicación y sectores críticos con el Ejecutivo. Los organizadores acusan al Gobierno de contribuir a una creciente polarización social y mediática, donde la crítica se deslegitima y los disidentes son estigmatizados.
