El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado abrir diligencias informativas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del denominado caso Begoña Gómez, después de recibir y analizar la queja formal presentada por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, relativa al trato recibido durante su declaración en calidad de testigo el pasado mes de abril en el Palacio de la Moncloa.
La decisión ha sido adoptada por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, quien ahora deberá valorar si la conducta del magistrado se ajustó a los estándares exigidos en el ejercicio de sus funciones.
La queja de Bolaños
La primera queja fue presentada por el ministro el 4 de junio y posteriormente ampliada el 29 de julio, tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la exposición razonada elevada por Peinado contra el titular de Justicia. En aquel escrito, el juez solicitaba investigar a Bolaños por un presunto delito de malversación y por falso testimonio en relación con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El Supremo, sin embargo, consideró que el informe carecía de un mínimo respaldo indiciario y señaló además que la imputación por malversación no estaba suficientemente individualizada, motivo por el cual decidió archivar la petición.
La declaración en Moncloa
La actuación de Peinado bajo examen se produjo durante la toma de declaración de Bolaños como testigo en su propio despacho ministerial, un escenario poco habitual en el que, según el relato del ministro, se vivió un clima de tensión.
Fuentes del caso señalan que el magistrado comenzó pidiendo una tarima para situarse en una posición más elevada respecto al testigo. Asimismo, reprochó a Bolaños que se riera durante algunas de sus preguntas y llegó a manifestar dudas sobre la veracidad de sus respuestas.
En ese contexto, Peinado advirtió al ministro de que estaba respondiendo “de una manera que no es como se admite en sede judicial” y calificó sus contestaciones de evasivas, un comportamiento que —según subrayó— la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría interpretar como una negativa a declarar, algo expresamente prohibido para un testigo.
Próximos pasos
El CGPJ deberá determinar ahora si los hechos descritos constituyen una irregularidad disciplinaria o si se enmarcan dentro de la facultad del juez para dirigir un interrogatorio. En caso de apreciar indicios de falta, se abriría un procedimiento disciplinario formal contra Peinado.
Mientras tanto, el magistrado continúa al frente de la instrucción del caso Begoña Gómez, en el que se investigan supuestas irregularidades relacionadas con contratos públicos y el entorno de la esposa del presidente del Gobierno.
La apertura de estas diligencias informativas marca un nuevo episodio en la tensión institucional entre el poder judicial y el Gobierno, situando en el centro del debate el papel del juez Peinado y el alcance de sus decisiones procesales.
