Barajas sigue siendo escenario de un conflicto político y social que enfrenta a las tres administraciones responsables del bienestar ciudadano. En el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cada noche cerca de 500 personas sin hogar buscan cobijo en las terminales, en una situación que se ha cronificado mientras nadie asume plenamente las competencias para solucionarlo.
La Comunidad de Madrid ha redoblado sus críticas contra el Gobierno de España y Aena, exigiendo que la entidad filie a las personas que ocupan las instalaciones para que puedan recibir una atención social digna. "Que Sánchez no esconda la cabeza debajo del ala", ha afirmado el portavoz autonómico Miguel Ángel García Martín, quien acusa al Ejecutivo central de "llegar tarde y mal" a una crisis que afecta a la imagen internacional de Madrid.
En respuesta a la creciente presión, Aena ha iniciado restricciones de acceso, permitiendo la entrada solo a pasajeros con billete, acompañantes y trabajadores. Sin embargo, los controles siguen siendo insuficientes, como denuncian los sindicatos de seguridad privada, que se niegan a aplicar las restricciones sin una orden oficial firmada. La Policía Nacional, por su parte, sostiene que su competencia se limita a delitos e infracciones, mientras que la vigilancia de accesos recae en Aena.
Un informe publicado recientemente revela que más de la mitad de las personas que duermen en Barajas están empadronadas en Madrid y son usuarios habituales de servicios sociales. El 74% son extranjeros procedentes de 33 países, principalmente de América Latina, aunque la mayoría lleva tiempo residiendo en España y solo el 13% carece de documentación.
Mientras tanto, el Partido Popular ha llevado el caso al Senado, registrando una batería de preguntas para exigir explicaciones a los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska. El PP acusa al Gobierno de "abandono de las infraestructuras" y "falta de seguridad", preguntando si se ha reforzado la presencia policial, qué protocolos se han activado o qué medidas se han tomado para combatir la insalubridad y las mafias.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid asegura que dispone de 1.830 plazas en centros de acogida, de las cuales 420 están ocupadas por solicitantes de asilo, competencia que, recuerdan, corresponde al Gobierno central. El consistorio exige a Aena un censo detallado para poder dimensionar las necesidades de intervención.
Organizaciones sociales han reclamado la creación de una mesa de coordinación urgente entre el Estado, la Comunidad y los ayuntamientos afectados, como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Paracuellos del Jarama, para articular una respuesta justa y humanitaria que ponga fin a la situación de exclusión extrema.
Mientras los reproches se multiplican, los problemas de inseguridad, insalubridad y abandono persisten, con trabajadores denunciando plagas de chinches y falta de personal en los turnos nocturnos. El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación para esclarecer cómo se está gestionando este conflicto, mientras Barajas, el principal aeropuerto del país, sigue siendo un símbolo de precariedad y descoordinación institucional.
