La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su rechazo a la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que su Ejecutivo pondrá en marcha "todos los medios legítimos" para preservar la independencia judicial en España.
Estas declaraciones se han producido en el acto de inauguración del Palacio de Justicia de Getafe, donde Ayuso ha insistido en la importancia de defender la separación de poderes como garantía fundamental del Estado de Derecho.
"Como representante ordinario del Estado en esta Comunidad Autónoma, también es mi deber alzar la voz y poner en marcha todos los medios a nuestro alcance para preservar en España la independencia judicial, la separación de poderes y detener su deterioro antes de que sea demasiado tarde", ha afirmado la presidenta madrileña.
Crítica a la reforma judicial
Díaz Ayuso ha asegurado que el Poder Judicial es "la garantía de nuestra libertad", y que su independencia debe estar protegida de cualquier injerencia del Ejecutivo y el Legislativo. En su intervención, ha alertado sobre el peligro de "acoso, intervención y ocupación" del Poder Judicial, lo que, según ha indicado, pone en riesgo la unidad de la nación, la seguridad jurídica y la democracia.
La presidenta también ha criticado que la reforma judicial busca "limitar las acusaciones populares en sumarios que afectan a miembros del Gobierno y a políticos", además de "amordazar a los jueces para que no se pronuncien sobre casos en curso". "Es una reforma que, en definitiva, lo que persigue es la indefensión de los ciudadanos y maniatar a los jueces", ha sentenciado.
Medidas legales contra la reforma
En este contexto, Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid estudiará todas las vías legales disponibles para frenar la aplicación de la reforma en la región.
El rechazo a esta reforma judicial por parte de la presidenta madrileña se suma a la crítica de numerosos sectores jurídicos y asociaciones judiciales, que han advertido de los riesgos que supone para la imparcialidad del sistema judicial y la protección de los derechos fundamentales.
