"Sí a la inmigración, no a tratar a las personas como números"
En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Vox sobre la gestión de estos menores, Ayuso ha subrayado que su Ejecutivo está comprometido con una inmigración regulada y con el cumplimiento de la ley en materia de tutela de menores.
"Sí a la inmigración, no a la inmigración ilegal, descontrolada, ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números", ha afirmado.
La presidenta madrileña ha criticado duramente el acuerdo del Gobierno con Junts para la distribución de estos menores entre las comunidades autónomas, señalando que esta decisión obedece a intereses políticos:
"Y mucho más, para contentar al supremacista y prófugo de la justicia, el señor Puigdemont, que, encima a través de Junts, va haciendo estos repartos. No puede caber mayor ignominia."
Críticas a Vox y al Gobierno central
Ayuso también ha acusado a Vox de mantener una postura que, en la práctica, refuerza al Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto:
"Vox hace una pinza con el señor Sánchez todo el tiempo porque es el Gobierno quien envía estos menores. No somos la Comunidad de Madrid."
Asimismo, ha insistido en que la tutela de los menores en la Comunidad de Madrid es una obligación legal, independientemente de su nacionalidad:
"He de cumplir con la ley y los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley y a ellos hay que ponerles unos recursos como a todos los demás."
Advertencia sobre las mafias de inmigración ilegal
La dirigente madrileña ha advertido de que el problema de la llegada de menores extranjeros no acompañados no desaparecerá mientras no se atajen sus causas en los países de origen y ha alertado del efecto llamada que pueden generar algunas políticas:
"Esto no va a finalizar nunca porque los problemas de origen no se están solucionando, porque el aviso que se le está haciendo a las mafias es altamente peligroso."
Con estas declaraciones, Isabel Díaz Ayuso reafirma su posición en materia de inmigración y su rechazo a la política de distribución de menores impuesta por el Gobierno central, mientras mantiene su compromiso con el cumplimiento de la ley en la Comunidad de Madrid.
