El delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado este lunes que "no hay ninguna responsabilidad penal por parte del Ayuntamiento" en el denominado 'caso mascarillas', cuyo juicio comenzará mañana.
El proceso judicial determinará si Luis Medina y Alberto Luceño estafaron al Consistorio en la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
Carabante ha insistido en que "no hay ningún caso de corrupción" dentro del Ayuntamiento de Madrid y ha diferenciado esta situación de la que, a su juicio, vive el Gobierno central, al que acusa de estar "salpicado por la corrupción en todos los niveles políticos del Partido Socialista y del Ejecutivo".
El delegado ha enfatizado que el Consistorio fue "estafado" y que ha defendido "los intereses de los madrileños" en este proceso, recordando que el Ayuntamiento de Madrid forma parte de la acusación en el juicio. "No hay ninguna novedad más allá de lo que siempre ha manifestado este equipo de Gobierno: no hay ninguna responsabilidad penal, ningún cargo político ha sido imputado ni investigado en este procedimiento", ha declarado.
Críticas al PSOE por el 'caso Koldo'
En su intervención, Carabante ha reprochado la actitud del Partido Socialista, afirmando que "sorprende que la izquierda sea tan rápida en pedir explicaciones cuando las tiene que dar". En este sentido, ha aludido a la comparecencia de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en el Senado por el 'caso Koldo'. "No recordaba absolutamente nada", ha señalado Carabante, subrayando la falta de claridad en sus declaraciones.
El juicio del 'caso mascarillas' se centra en la intermediación de Luis Medina y Alberto Luceño en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid durante la crisis del COVID-19. Se les acusa de haber inflado precios y obtenido comisiones millonarias en un momento de emergencia sanitaria global.
Desde el Ayuntamiento de Madrid reiteran su compromiso con la transparencia y rechazan cualquier implicación en prácticas irregulares, reafirmando su papel como perjudicados en la causa. Con el inicio del juicio, se espera esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los acusados.
