La Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condición de investigada de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, por su supuesta implicación en un caso de tráfico de influencias y malversación relacionado con actividades desarrolladas en el entorno de La Moncloa. Según el tribunal, hay indicios de que Álvarez pudo excederse en sus funciones públicas para favorecer un supuesto “plan delictivo” atribuido a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su auto, el tribunal considera que la actividad de Álvarez en calidad de funcionaria pública “pudo ser utilizada desde el inicio como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor de intereses privados”, en alusión al entorno profesional y empresarial de Begoña Gómez. En concreto, la resolución sostiene que esta conducta se habría producido “dentro de una estructura institucionalizada de poder que se beneficia de la influencia de la Presidencia del Gobierno”.
Investigación abierta y nuevos pasos procesales
La Audiencia madrileña respalda la decisión del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que dirige el juez Juan Carlos Peinado, de mantener abierta la investigación. Además, autoriza el registro de las comunicaciones telefónicas de Cristina Álvarez, a excepción de las conversaciones relacionadas con Globalia-Air Europa y el África Center, excluidas expresamente del análisis judicial.
En paralelo, el tribunal ha decidido anular la declaración que Álvarez realizó en diciembre de 2024 como testigo, al considerar que posteriormente fue procesada como investigada y, por tanto, no fue informada adecuadamente de sus derechos en aquella comparecencia.
Además, la Audiencia ha resuelto admitir a Hazte Oír como parte de la acusación popular en esta causa, en representación de una acción conjunta ya autorizada.
Contexto de la causa y actuación de la Fiscalía Europea
La investigación forma parte de un procedimiento más amplio que analiza los vínculos entre Begoña Gómez y contratos públicos adjudicados a empresarios con los que habría mantenido una relación de proximidad profesional o institucional, en especial Carlos Barrabés, citado recientemente como investigado por la Fiscalía Europea en relación con la obtención de fondos europeos. Según distintas informaciones, algunas adjudicaciones habrían sido facilitadas mediante cartas de recomendación firmadas por Gómez.
Aunque el auto de la Audiencia no responsabiliza aún directamente a Begoña Gómez, sí sitúa el foco en su entorno institucional y abre la puerta a que la instrucción siga indagando si desde su posición institucional se facilitó un uso indebido de recursos públicos en favor de intereses particulares.
Repercusiones políticas
La decisión de la Audiencia Provincial refuerza la postura del juez instructor, cuya causa ha sido cuestionada en los últimos meses por diversos sectores políticos. Desde la oposición se han reclamado explicaciones al presidente del Gobierno, mientras que el PSOE ha calificado las acusaciones de “infundadas y de clara motivación política”.
Por el momento, el procedimiento continúa en fase de instrucción y no se han formulado acusaciones definitivas. No obstante, el auto conocido este miércoles avala la continuidad de la investigación sobre el entorno de Begoña Gómez y la posible utilización de estructuras públicas para fines privados, lo que podría suponer un nuevo frente judicial de gran trascendencia política.
