La propuesta de modificación de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, que concluye hoy su fase de consulta pública, ha provocado una fuerte reacción de organizaciones ecologistas madrileñas, que denuncian que la rebaja del estatus de protección del lobo ibérico (Canis lupus) carece de respaldo científico y amenaza su viabilidad futura en España.
La propuesta pretende trasladar a nivel europeo la decisión del Comité Permanente del Convenio de Berna, adoptada el pasado diciembre, que rebaja el nivel de protección del lobo al pasarlo del Anexo IV (protección estricta) al Anexo V (uso regulado, incluyendo la caza). La medida ha entrado en vigor desde marzo de este año y afecta a toda la Unión Europea, incluida España, donde el estado de conservación del lobo sigue siendo desfavorable según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin base científica ni consenso social
Organizaciones como la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Ecologistas del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, integrantes de la Plataforma Ecologista Madrileña, han presentado alegaciones contra la medida, advirtiendo de que "no existe base científica que justifique la desprotección". De hecho, informes recientes de la Comisión Europea, así como estudios de campo en países como España o Suiza, concluyen que la caza no reduce los ataques al ganado y puede incluso agravarlos, al alterar la estructura social de las manadas.
Además, solo tres de las nueve subpoblaciones de lobo en Europa no están amenazadas, y las poblaciones ibéricas muestran altos niveles de endogamia y baja variabilidad genética, lo que compromete su viabilidad a largo plazo.
Situación crítica en España
En nuestro país, la situación es especialmente alarmante. La reciente Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha facilitado la autorización de cacerías masivas de lobos en comunidades como Cantabria, La Rioja, Galicia o Asturias, al amparo de normativas autonómicas que contravienen las obligaciones europeas.
En Galicia, el Tribunal Superior de Xustiza ha dictado recientemente un auto de suspensión cautelar contra la aplicación de dicha norma, reconociendo el riesgo de daño irreparable para la especie. Esta sentencia ha sido citada por las organizaciones ecologistas como prueba de que la nueva ley vulnera la legislación vigente y pone en peligro la conservación de un patrimonio natural de alto valor ecológico y cultural.
Peticiones urgentes al Gobierno
La Plataforma exige al Gobierno de España que:
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Se oponga firmemente a la modificación de la Directiva Hábitats.
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Recurra la Ley 1/2025 ante el Tribunal Constitucional, por haberse aprobado sin debate parlamentario y vulnerando el marco comunitario.
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Refuerce las medidas preventivas no letales para proteger la ganadería extensiva (cercados, mastines, vigilancia), ya que son más eficaces y sostenibles que las medidas de control letal.
También recuerdan que, según la jurisprudencia, los daños provocados por el lobo pueden ser compensados económicamente, mientras que la pérdida de biodiversidad es irreversible.
Una decisión que puede marcar el futuro del lobo ibérico
La rebaja del estatus legal del lobo es percibida por los ecologistas como una cesión política ante intereses ganaderos y autonómicos, que ignora el papel del lobo como especie clave en los ecosistemas. “Este es un momento decisivo. Si el Gobierno no actúa, se consolidará un marco legal que permite las matanzas, incluso en regiones donde la especie está al borde del colapso genético”, alertan desde la Plataforma.
El lobo ibérico, símbolo de la fauna salvaje española y emblema de conservación, afronta hoy uno de los mayores desafíos de su historia reciente. La decisión que adopte el Ejecutivo en los próximos días será crucial para determinar si España sigue apostando por la biodiversidad o si se suma a una política de retroceso ambiental incompatible con los compromisos europeos e internacionales.
