España atraviesa una crisis silenciosa en el corazón de su tejido productivo. Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, entre diciembre de 2024 y julio de 2025 se han perdido 19.177 pymes inscritas en la Seguridad Social, lo que supone un descenso del 1,1% en el total de empresas y una pérdida de más de 60.000 puestos de trabajo.
Las más golpeadas han sido las microempresas, con 10.247 cierres de negocios de 1 a 2 trabajadores, 6.791 de entre 3 y 5 empleados y 2.139 con plantillas de 6 a 9. En contraste, las medianas y grandes compañías han resistido mejor la presión, aunque no compensan la sangría.
El economista José Ramón Riera advierte que esta situación responde al fuerte impacto del aumento del salario mínimo interprofesional y de las cotizaciones sociales, que afectan de igual manera a un pequeño comercio de barrio que a una multinacional. “No puede ser que al mismo salario, la responsabilidad de cotizar sea exactamente la misma para una empresa de dos trabajadores que para otra de 20.000. Es una de las mayores injusticias de nuestra economía”, sostiene.
El efecto inmediato ha sido demoledor: cierres masivos de negocios locales, desde tiendas y pequeños servicios hasta colmados de barrio, incapaces de trasladar los sobrecostes al mercado. Mientras las grandes corporaciones optan por ajustes, digitalización e inteligencia artificial, las pymes carecen de margen y terminan clausurando.
La desaparición de miles de pequeñas empresas plantea un reto urgente para el Gobierno: proteger el empleo y el tejido empresarial real que sostiene la economía española. “Se están perdiendo quienes realmente generan trabajo”, concluye Riera.
