Un total de diez alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid han unido fuerzas para exigir la aplicación de la Ley de Vivienda estatal en la región, impulsando una iniciativa legislativa municipal que ya ha sido registrada en la Asamblea de Madrid. Su objetivo es claro: forzar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a permitir que los municipios declaren zonas tensionadas, lo que permitiría limitar el precio de los alquileres en las áreas con mayor presión inmobiliaria.
Los regidores de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Coslada, Ciempozuelos, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Pinilla del Valle han presentado esta propuesta después de que la Comunidad de Madrid rechazara las peticiones individuales de varios ayuntamientos para acogerse a la normativa estatal.
Dos modelos enfrentados: más oferta o regulación de precios
La iniciativa choca frontalmente con la estrategia del Ejecutivo regional del Partido Popular, que rechaza cualquier regulación del mercado y apuesta por la construcción masiva de viviendas para aumentar la oferta y así estabilizar los precios. Como ejemplo de su modelo, el PP defiende el Plan Vive, que busca movilizar suelo público para crear vivienda de alquiler asequible.
Por el contrario, el PSOE y el Gobierno central abogan por intervenir el mercado en zonas donde los precios están fuera de control, permitiendo a las administraciones establecer límites a las rentas y endurecer la regulación para los grandes propietarios.
¿Qué plantea la iniciativa socialista?
La propuesta socialista contempla tres medidas clave:
- Zonas tensionadas durante al menos tres años: los municipios podrían declarar estas zonas y renovarlas anualmente.
- Definición flexible de "gran tenedor": no se aplicaría el criterio estatal de poseer 10 o más viviendas, sino que se analizaría caso por caso.
- Uso exclusivo del suelo público para vivienda pública: se impediría ceder suelo municipal a promotores privados, priorizando la construcción de vivienda de protección oficial.
Además, el texto propone blindar la protección de la vivienda pública, impidiendo que pase al mercado libre tras 15 años, algo que el PSOE-M ya intentó sin éxito en la Asamblea de Madrid con la oposición del PP.
Una estrategia coordinada desde el PSOE-M y el Gobierno central
La medida llega tras el cónclave socialista celebrado en Leganés el pasado fin de semana, en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dejó clara la intención del Gobierno de Sánchez de alinear su política de vivienda con la oposición a Ayuso. Durante el encuentro, la vivienda se trató como uno de los principales problemas en Madrid, especialmente para los jóvenes.
El movimiento también refuerza la estrategia de Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, para hacer de la vivienda un eje central de su oposición a Ayuso, en un contexto donde el precio del alquiler en Madrid ha alcanzado niveles históricos.
¿Qué posibilidades tiene de prosperar?
Para que una iniciativa legislativa municipal llegue a debate en la Asamblea de Madrid, debe contar con el apoyo de al menos diez municipios o, en su defecto, de tres localidades con más de 50.000 habitantes. En este caso, la suma de poblaciones de los municipios firmantes roza los 800.000 residentes, cumpliendo de sobra con el requisito.
Sin embargo, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Asamblea, lo que hace altamente probable que la propuesta sea bloqueada en la votación final. Aun así, el PSOE-M busca visibilizar el problema del acceso a la vivienda y presionar al Gobierno de Ayuso en un tema de gran impacto social.
Protestas en Madrid: la batalla se traslada a las calles
Este domingo, está prevista una gran manifestación en el centro de Madrid en defensa del derecho a la vivienda, organizada por colectivos sociales y plataformas de inquilinos. La marcha servirá para aumentar la presión sobre la Comunidad de Madrid y denunciar la falta de medidas para frenar la subida de precios.
Mientras tanto, el debate entre construir más viviendas o regular los precios seguirá dividiendo a los madrileños, en una batalla política que promete marcar la legislatura.
