La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha advertido sobre las importantes limitaciones del borrador del Plan Social para el Clima (PSpC), señalando que los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas "apenas alcanzarán al 0,36% del parque estatal". La organización ha presentado formalmente sus alegaciones durante la fase de audiencia e información pública de este proyecto estratégico, un fondo que cuenta con una dotación global de 9.099 millones de euros entre financiación europea y estatal para el periodo 2027-2032.
El objetivo principal de este plan es paliar el impacto económico que tendrá sobre la población más vulnerable la entrada en vigor del Nuevo Régimen de Comercio de Emisiones (ETS2), el cual ampliará el mercado de emisiones a ámbitos hasta ahora exentos como las edificaciones y el transporte, lo que se traducirá de forma directa en un encarecimiento de los suministros con altas emisiones de CO2.
A pesar de que la federación asegura compartir el diagnóstico de partida de la administración, considera que el diseño actual del plan adolece de carencias críticas que comprometen seriamente su efectividad. "Solo 4.723 millones de euros, el 52% de la financiación total, se destinan al sector de la vivienda, una cifra claramente insuficiente", han lamentado desde la organización. El plan articula cinco medidas para reducir el golpe del ETS2 en los hogares vulnerables, de las cuales tres se enfocan en la rehabilitación energética a escala de barrio, edificio y vivienda unifamiliar. Sin embargo, CECU alerta de que los criterios de vulnerabilidad estipulados son "demasiado amplios", un factor que a su juicio puede desvirtuar la finalidad de los fondos y poner en peligro el cumplimiento real de los objetivos sociales fijados.
El impacto en el parque residencial y el cuestionamiento de la obra nueva
Para ilustrar la insuficiencia presupuestaria, la federación expone un cálculo matemático directo: tomando como referencia el coste medio de una rehabilitación integral fijado en 25.000 euros por inmueble, según los parámetros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la partida actual solo se podrían rehabilitar 96.120 inmuebles en todo el país. Esta cifra representa un residual 0,36% del parque de viviendas de España.
Además, la organización cuestiona abiertamente que la mayor partida del presupuesto de vivienda, 1.813 millones de euros, se haya reservado para promover vivienda social de nueva construcción. Desde CECU argumentan que esta medida no está alineada con el espíritu del Plan Social para el Clima, ya que construir de cero no reduce el impacto del ETS2 de manera inmediata sobre las familias vulnerables y, por añadidura, constituye una de las actividades industriales que mayor volumen de emisiones de CO2 genera.
En este sentido, el experto en vivienda de CECU, Eloy Gutiérrez, ha reclamado una reorientación estratégica para que esos fondos se destinen prioritariamente a la captación y rehabilitación de vivienda infrautilizada, haciendo alusión directa a las viviendas turísticas o en desuso. Según Gutiérrez, esta vía permitiría "aumentar la cartera de vivienda social de manera más rápida y con un menor impacto ambiental".
Finalmente, la federación también se ha mostrado crítica con los 300 millones de euros que el plan reserva para comunidades energéticas, autoconsumo colectivo y almacenamiento, bajo la condición de ceder gratuitamente el 10% de la energía a consumidores vulnerables del entorno. Para CECU, este enfoque es claramente insuficiente y perpetúa un modelo asistencialista, similar al del tradicional bono social, que reduce a las familias a meros "beneficiarios pasivos". Por ello, la organización reclama que se modifique la normativa para garantizar que las personas vulnerables participen como miembros de pleno derecho, con voz y voto, en dichas comunidades energéticas.
