El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra la Ordenanza 7/2025 de Terrazas y Quioscos de Hostelería, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid. La organización vecinal sostiene que la normativa vulnera derechos relacionados con la movilidad, la accesibilidad y el uso del espacio público, mientras que el Gobierno municipal defiende que se trata de una regulación equilibrada que protege tanto el descanso vecinal como la actividad económica.
El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, ha confirmado que el alto tribunal madrileño ha iniciado la tramitación del recurso y ha solicitado al Ayuntamiento el expediente administrativo completo, un paso habitual en el inicio de este tipo de procedimientos judiciales.
La federación vecinal ya había advertido durante el debate municipal de la ordenanza, celebrado el pasado mes de noviembre, que acudiría a los tribunales si el Gobierno municipal no introducía cambios en el texto aprobado.
Los vecinos denuncian abuso del espacio público
Desde la FRAVM consideran que la normativa favorece excesivamente al sector de la hostelería y no garantiza de forma suficiente los derechos de los vecinos.
Según los datos aportados por la organización, en la capital existen actualmente 6.472 terrazas que ocupan cerca de 196.647 metros cuadrados de espacio público, con 63.831 mesas y más de 204.000 sillas instaladas. Además, más del 60 % de estas terrazas se concentran en solo cinco distritos, lo que incrementa la presión sobre determinadas zonas de la ciudad.
La portavoz del Grupo de Terrazas de la federación, Pilar Rodríguez, ha señalado que el problema no es únicamente el número de instalaciones, sino también los incumplimientos frecuentes de la normativa.
Entre las situaciones denunciadas se encuentran la ocupación excesiva de aceras, la invasión de accesos a portales, el incumplimiento de horarios o la falta de retirada del mobiliario fuera del horario autorizado. Según Rodríguez, “la excepción es que se cumpla y la norma es que no”.
Problemas de accesibilidad y movilidad
La federación también ha puesto el foco en el impacto que la proliferación de terrazas tiene sobre las personas con discapacidad y sobre la movilidad peatonal.
Desde la Comisión de Diversidad Funcional y Accesibilidad de la FRAVM, Carmen Bonet, persona ciega, ha relatado las dificultades que encuentran muchos ciudadanos para desplazarse por algunas calles de la capital.
Bonet ha explicado que elementos como mesas altas, carteles publicitarios o mobiliario colocado perpendicularmente a la fachada pueden convertirse en obstáculos que dificultan el tránsito o el acceso a paradas de transporte público y pasos de peatones.
Críticas al proceso de participación
Otro de los argumentos del recurso judicial se centra en el proceso de participación ciudadana previo a la aprobación de la ordenanza.
Según Nacarino, solo algo más de 5.000 personas participaron en la consulta pública, lo que representa aproximadamente el 0,6 % del censo de la ciudad. Además, la federación asegura que ninguna de las 43 alegaciones presentadas por la entidad fue incorporada al texto final aprobado por el Ayuntamiento.
El abogado de la FRAVM, Raúl Maíllo, ha explicado que el recurso busca defender el interés general y garantizar una regulación que permita la convivencia entre vecinos y actividad económica, especialmente en cuestiones relacionadas con la accesibilidad y la seguridad en el espacio público.
El letrado ha recordado además que una sentencia del propio TSJM en abril de 2024 ya anuló una modificación anterior de la normativa por problemas relacionados con la participación pública y la evaluación de impacto económico.
Posibles consecuencias de la decisión judicial
Según ha explicado Maíllo, el fallo del tribunal podría tener diferentes efectos sobre la ordenanza actual.
En el escenario más amplio, la justicia podría anular completamente la normativa vigente, lo que implicaría volver a aplicar la regulación anterior aprobada en 2013. Otra posibilidad sería una anulación parcial, afectando únicamente a determinados artículos.
En cualquier caso, desde la FRAVM insisten en que su objetivo no es eliminar las terrazas, sino impulsar una nueva ordenanza que sea fruto del consenso entre vecinos, hosteleros y administración.
El Ayuntamiento defiende la ordenanza
Desde el Gobierno municipal han restado dramatismo a la decisión judicial y han defendido la validez de la normativa aprobada.
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha recordado que la admisión del recurso es un trámite habitual y ha mostrado su confianza en que los tribunales avalen la ordenanza.
Sanz ha criticado además lo que considera una “posición absolutamente negacionista” de la federación vecinal, asegurando que el Ayuntamiento respondió a todas las alegaciones presentadas y mantuvo diversas reuniones con la organización.
Según la portavoz municipal, la normativa busca garantizar el descanso vecinal y al mismo tiempo proteger una actividad económica esencial para la ciudad, como es el sector de la hostelería.
El conflicto judicial abre ahora un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre el uso del espacio público, la convivencia vecinal y la actividad económica en Madrid, un asunto que sigue generando intensos debates en la capital.
