La Audiencia de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio contra la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, el actual concejal de Urbanismo, una exconcejal de Medio Ambiente y un extécnico de Urbanismo por no haber adoptado medidas ante las reiteradas denuncias vecinales por los ruidos y molestias ocasionados por un local de celebraciones.
La Fiscalía mantiene para los acusados una petición de tres años de prisión e inhabilitación para cargo público con funciones urbanísticas y ambientales durante doce años por un presunto delito de prevaricación. La acusación particular ha respaldado igualmente esta solicitud, mientras que las defensas han reclamado la absolución.
La alcaldesa niega haber actuado de forma arbitraria
Durante la vista oral celebrada este jueves, Antonia Alcázar rechazó haber cometido prevaricación y aseguró que nunca adoptó decisiones arbitrarias respecto a las denuncias presentadas por los vecinos afectados.
La regidora sostuvo que firma los informes elaborados por los técnicos municipales y defendió que no puede “tomar ninguna resolución de forma arbitraria” ni “presionar a los funcionarios”.
Además, afirmó que no tuvo conocimiento de los problemas supuestamente causados por el restaurante ‘El Casón de la Quinta de San Antonio’ hasta un pleno municipal celebrado en septiembre de 2023, momento en el que, según explicó, trató de mediar entre las partes implicadas.
Según su versión, los vecinos rechazaron participar en una reunión conjunta para intentar encontrar una solución al conflicto.
Los vecinos relatan años de “ansiedad” y “angustia”
Frente a la versión de la alcaldesa, tres vecinos denunciantes describieron ante el tribunal las consecuencias que, aseguran, han sufrido durante años a causa de los ruidos generados por el local.
Los afectados hablaron de una situación de “ansiedad” y “angustia” derivada de las celebraciones y eventos organizados en la finca, que en ocasiones, según señalaron, se prolongaban durante todo el fin de semana.
Uno de los denunciantes calificó de “horroroso” no poder dormir ni mantener una conversación con normalidad dentro de su propia vivienda debido al volumen del ruido.
Los problemas comenzaron, según los denunciantes, hace dos décadas
Uno de los vecinos explicó que los problemas comenzaron en 2006, cuando el restaurante empezó a organizar un mayor número de eventos durante los fines de semana.
“Era como la orquesta de un pueblo en fiestas patronales”, relató durante el juicio, describiendo también la utilización de tracas y bengalas en algunas celebraciones.
El afectado aseguró que, tras intentar sin éxito solucionar el problema directamente con los propietarios del local, comenzó a llamar a la Policía Local, aunque sostuvo que muchos agentes eran “reticentes a actuar”.
Según declaró, en ocasiones los agentes no acudían y en otras sí lo hacían pero negaban posteriormente los hechos denunciados.
Los denunciantes denuncian sensación de impunidad
Durante su declaración, uno de los vecinos aseguró haber llegado a la conclusión de que los responsables del restaurante “se sienten legalmente protegidos”.
El denunciante afirmó además que recibió respuestas como “llama a quien te dé la gana”, acompañadas, según indicó, de “gestos de amenaza continuos”.
Un juicio marcado por la acusación de prevaricación
La causa se centra en determinar si los responsables municipales incurrieron en un delito de prevaricación por no adoptar medidas frente a las denuncias vecinales relacionadas con los ruidos y molestias del establecimiento.
Antonia Alcázar ya fue absuelta años atrás en otro procedimiento judicial por una acusación similar de prevaricación.
La alcaldesa es además hermana de María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez que investiga el caso Plus Ultra atribuye un “papel operativo esencial” en una presunta red de tráfico de influencias vinculada al exlíder socialista.
Tras la celebración de la vista oral, la Audiencia de Madrid ha dejado el procedimiento visto para sentencia.
