El Tribunal Supremo ha abierto un juicio inédito en la historia de la Justicia española: el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por las filtraciones a la prensa de un correo electrónico relacionado con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El proceso, que se prolongará durante dos semanas, cuenta con más de 200 periodistas acreditados y una expectación mediática sin precedentes. Por primera vez, un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Andrés Martínez Arrieta.
Las acusaciones piden hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación
Las acusaciones particular y popular —entre ellas la pareja de Ayuso, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el sindicato Manos Limpias— solicitan penas de entre cuatro y seis años de prisión y hasta doce años de inhabilitación.
García Ortiz está acusado de haber filtrado un correo del abogado Carlos Neira, en el que se reconocían dos delitos fiscales cometidos “de común acuerdo” por el empresario, en un intento de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Dicho mensaje fue difundido por la Cadena SER, lo que dio origen a la investigación judicial.
Según el auto de procesamiento del magistrado Ángel Hurtado, las pruebas apuntan “de forma provisional” a que la filtración fue “una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado”.
Un juicio con testigos de alto perfil
El proceso contará con más de cuarenta testigos, entre ellos Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso; Pilar Sánchez Acera, ex alto cargo de Moncloa; fiscales, periodistas y agentes de la UCO que registraron el despacho de García Ortiz por orden judicial.
El tribunal ha denegado la emisión en directo de la vista, pese a las solicitudes de varios medios, y permitirá la presencia de 50 asistentes y 20 periodistas por sesión en la Sala de lo Penal.
García Ortiz comparecerá el 12 de noviembre, en la fase final del juicio, y ha reiterado que “rotundamente no” filtró ningún documento ni ordenó hacerlo. “Estoy seguro de que ningún fiscal lo hizo”, afirmó durante su declaración ante el juez instructor.
La defensa habla de una “campaña orquestada”
La Abogacía del Estado, que asume la defensa de García Ortiz, sostiene que el fiscal general actuó conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, solicitando los correos únicamente para “informar verazmente y desmentir noticias falsas” publicadas por diversos medios.
La defensa apunta además a una “campaña perfectamente orquestada” desde el entorno de la presidenta madrileña. Según la Abogacía, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, habría impulsado “un relato alternativo” para responsabilizar a la Fiscalía de las filtraciones.
Un proceso sin precedentes en la Fiscalía
Nunca antes un fiscal general del Estado había sido procesado por un delito de esta naturaleza. El caso ha generado división interna en la carrera fiscal, donde la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde ha expresado públicamente su discrepancia con la acusación.
Varios fiscales de Sala y asociaciones profesionales han anunciado que acudirán a algunas sesiones en apoyo a García Ortiz, mientras otros colectivos han pedido su dimisión hasta que el Supremo emita sentencia.
El juicio podría marcar un antes y un después en la relación entre la Fiscalía y el poder político, al tratarse de un caso que combina filtraciones, confidencialidad procesal y rivalidad institucional.
