La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este sábado la libertad con retirada de pasaporte y comparecencias periódicas para Leire Díez, exmilitante socialista, así como para el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario navarro Antxon Alonso, dueño de Servinabar. Los tres permanecían detenidos desde el miércoles en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntos amaños en contratos y subvenciones gestionados desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Con esta petición, la fiscal descarta la posibilidad de prisión provisional, ya que dicha medida debe ser expresamente solicitada para que el juez pueda acordarla. Ahora será el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, quien determine las medidas cautelares definitivas en un auto motivado.
Según fuentes jurídicas, los tres investigados han declarado durante algo más de hora y media, enfrentándose a acusaciones de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación, en el marco de una trama que, según las pesquisas de la UCO, se extendía por distintas empresas públicas y ministerios. Durante los últimos días, la Guardia Civil ha practicado más de 20 registros en organismos como Correos, Enusa, Mercasa, entidades dependientes de Hacienda y Transición Ecológica, así como en varias compañías privadas relacionadas con la investigación.
La figura de Leire Díez ha ganado relevancia mediática desde que se filtraron audios en los que se presentaba como la “mano derecha” del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La Fiscalía la investiga además por otra causa en la que se le atribuyen presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, al intentar —según la acusación— influir en investigaciones policiales y judiciales.
Por su parte, Vicente Fernández, que dirigió la SEPI entre 2018 y 2019 tras ser designado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, dejó su cargo cuando fue imputado en el caso de la mina de Aznalcóllar, del que resultó absuelto este mes de diciembre. Tras su salida del organismo estatal, trabajó para Servinabar, empresa de Alonso, considerada por los investigadores como una pieza clave en la trama vinculada al caso Koldo.
Antxon Alonso, dueño de Servinabar, aparece en el epicentro de las pesquisas. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo investigan a la empresa como posible instrumento para canalizar presuntas comisiones ilegales. Las investigaciones apuntan a que el exsecretario de Organización del PSOE habría firmado un contrato privado para obtener el 45% de la compañía, aunque nunca llegó a elevarse a público.
Con la decisión de la Fiscalía, la causa continúa avanzando bajo secreto de sumario, mientras el juez Piña decide las medidas cautelares que se aplicarán a los tres implicados. Las próximas semanas serán determinantes para calibrar el alcance real de esta investigación, que ya ha provocado registros en múltiples organismos y ha reactivado el debate político sobre la transparencia en la gestión de empresas públicas.
