El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este miércoles ante el Tribunal Supremo que “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”, en una de las declaraciones más esperadas del juicio que afronta por un presunto delito de revelación de secretos. Las acusaciones solicitan para él entre 3 y 6 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación, mientras que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido su absolución.
En la penúltima jornada de la vista oral, García Ortiz ha insistido en que no filtró el correo del 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— reconocía dos delitos fiscales en busca de un pacto de conformidad. “No lo he hecho llegar”, reafirmó ante la fiscal María Ángeles Sánchez Conde, que apoya su absolución.
Un juicio marcado por las discrepancias internas y la tensión institucional
García Ortiz ha descrito ante el tribunal cómo conoció la denuncia de la Fiscalía sobre González Amador en marzo de 2024 y ha recalcado que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, no le informó de la oferta de conformidad, algo que, asegura, “debió comunicarme de forma directa e inmediata”.
El fiscal general ha insistido en que la difusión pública de los correos y la nota de prensa son “dos cursos causales distintos e incompatibles”. Según su versión, su intención era únicamente garantizar que la información veraz y oficial de la Fiscalía prevaleciera ante la presión mediática.
Además, ha defendido el borrado regular de su teléfono móvil, alegando que es una práctica necesaria para proteger información sensible: “No hay ánimo de ocultación. Es preceptivo eliminar datos personales que no son objeto de tratamiento”.
Las acusaciones mantienen sus peticiones: penas de hasta seis años
Las conclusiones finales de las acusaciones se mantienen prácticamente intactas. Entre ellas:
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La acusación particular, ejercida por el propio González Amador, pide 4 años de cárcel y 3 de inhabilitación.
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El ICAM, Foro Libertad y Alternativa (que incluye a Vox y Hazte Oír) sostienen peticiones similares.
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) reclama 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, añadiendo delitos como prevaricación.
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Manos Limpias ha rebajado su solicitud a 3 años, al aplicar una atenuante analógica por vulneración del secreto sumarial.
En conjunto, el abanico de penas solicitadas oscila entre 3 y 6 años de prisión, además de multas y suspensión del cargo.
García Ortiz insiste: “Nunca quise perjudicar a González Amador”
Durante su declaración, el fiscal general aseguró que no quiso perjudicar al empresario ni a su entorno, y que su intervención se limitó a garantizar el “correcto funcionamiento institucional” de la Fiscalía. También recordó que entregó a los agentes todas sus contraseñas durante el registro de su despacho, un procedimiento que calificó como “grave y doloroso”.
Mientras tanto, González Amador mantiene que la filtración lo “mató públicamente”, situándolo como “delincuente confeso” antes de cualquier juicio.
El juicio entra en su recta final
Este jueves está previsto que las partes expongan sus informes finales, tras lo cual el Supremo dejará el caso visto para sentencia. Una resolución que marcará un hito en la historia reciente del Ministerio Fiscal y en la credibilidad institucional de uno de sus máximos cargos.
