Un amplio grupo de magistrados y jueces decanos de medio centenar de ciudades españolas ha pedido al Ministerio de Justicia que se retrase la aplicación de la última fase de la Ley de Eficiencia de la Justicia, conocida como ‘Ley Bolaños’, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de enero.
La norma contempla la puesta en marcha de 100 tribunales de instancia en distintos puntos del país, una reforma organizativa que, según advierten, podría provocar el colapso de los juzgados si se implanta sin una planificación adecuada.
Advertencias desde la judicatura
Desde el Foro Judicial Independiente, su portavoz Roberto García ha señalado que la reforma parte de una “idea equivocada”, al considerar que los problemas estructurales de la Justicia no son tanto organizativos como de falta de jueces y de medios humanos.
En la misma línea, Marien Ortega, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha alertado de que la creación de los nuevos tribunales se está abordando “sin planificación ni recursos suficientes”, lo que podría hacer que la nueva oficina judicial “desemboque en el colapso de la administración de justicia”.
Tribunales de instancia sin medios suficientes
La ley prevé que los juzgados unipersonales se transformen en tribunales de instancia, con el objetivo de ganar eficiencia. Sin embargo, los jueces denuncian que este cambio estructural se está impulsando sin un refuerzo paralelo de plantillas, infraestructuras ni sistemas informáticos, lo que incrementará la carga de trabajo en un sistema ya saturado.
Aunque desde el Ministerio se ha apuntado a una aplicación “flexible” de la norma, los jueces reclaman directamente su paralización temporal hasta que se garantice que el sistema puede asumir el cambio sin perjudicar el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
Conflicto institucional en ciernes
La polémica se produce además en un contexto de tensión entre administraciones. La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá al Gobierno central por esta ley al considerar que invade competencias y pone en riesgo el funcionamiento ordinario de la Justicia en la región.
Para los magistrados firmantes, el escenario actual es claro: implementar la reforma el 1 de enero sin medios adicionales puede suponer un grave retroceso en la calidad del servicio público de Justicia y agravar aún más los retrasos y la acumulación de asuntos en los juzgados de toda España.
